En Chile, la discusión sobre el aborto vuelve a instalarse con fuerza, pero también con una premisa que debería ser intransable en cualquier sociedad democrática: los derechos de las mujeres no pueden retroceder. La propuesta de regular la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación no busca imponer una visión única, sino abrir un debate democrático, honesto y sin caricaturas.
El gobierno saliente ha señalado con claridad que apoyar el proyecto implica reconocer que quienes han decidido abortar no pueden seguir siendo criminalizadas. La legislación actual no ha eliminado el aborto; solo lo ha empujado a la clandestinidad. Por eso, el proyecto presentado al Congreso busca establecer una regulación que permita abordar esta realidad con responsabilidad institucional, considerando la experiencia internacional, las opiniones de organizaciones sociales y especialistas, pero sobre todo poniendo en el centro la experiencia concreta de las mujeres en nuestro país.
Las mujeres enfrentan circunstancias diversas y difíciles de encasillar en categorías legales rígidas. Existen fallas en los métodos anticonceptivos, situaciones económicas que hacen inviable un nuevo embarazo, jóvenes que aún estudian y no cuentan con autonomía financiera, mujeres que atraviesan problemas de salud mental o adicciones, o que viven en contextos de violencia, entre otras situaciones. Todas estas realidades existen, aunque muchas veces se prefiera ignorar. Negarlas no las hace desaparecer; solo invisibiliza a quienes deben enfrentarlas en soledad.
También es importante desmontar uno de los mitos más persistentes: nadie se embaraza para abortar. Ninguna mujer toma esta decisión con ligereza ni la promueve como si fuera un objetivo en sí mismo. La discusión no trata de fomentar el aborto, sino de reconocer que es un problema de salud pública que ya está presente en nuestra sociedad. Las estimaciones hablan de entre 40 mil y 170 mil abortos clandestinos al año en Chile. A esto se suman cerca de 260 mil hospitalizaciones asociadas a abortos en la última década y alrededor de 40 muertes, según cifras del Ministerio de Salud.
Ignorar estos datos no es una postura moral; es simplemente cerrar los ojos ante una realidad que sigue ocurriendo.
Las mujeres que deciden abortar lo han hecho siempre, incluso en los períodos de mayor prohibición. Antes lo hacían con métodos peligrosos, improvisados y muchas veces letales; hoy muchas recurren a medicamentos obtenidos en circuitos informales. La pregunta de fondo, entonces, no es si el aborto ocurrirá o no, sino en qué condiciones ocurrirá. ¿Queremos que siga sucediendo en la clandestinidad, con riesgos sanitarios y bajo amenaza de persecución penal, o preferimos que se realice de manera segura, regulada y con acompañamiento médico?
La legislación debe reconocer algo básico: las mujeres tienen derecho a planificar su vida, su familia y su futuro. Persistir en un modelo que criminaliza estas decisiones no solo ignora esa autonomía, sino que también distorsiona la realidad jurídica y social. Entre 2012 y 2022 se abrieron 444 investigaciones por el delito de aborto en Chile, según un estudio de Corporación Miles, y cerca del 10% correspondía a abortos espontáneos que igualmente derivaron en procesos de denuncia y criminalización. Mientras tanto, el mundo avanza: de los 38 países miembros de la OCDE, 34 cuentan con regulaciones que permiten el aborto voluntario, y solo cuatro —Chile, Costa Rica, Japón y Polonia— mantienen esquemas más restrictivos. La sociedad chilena también ha cambiado: hoy solo un 16% se opone al aborto en cualquier circunstancia, mientras que un 83% apoya su legalidad en distintos casos (encuesta CEP marzo-abril 2025).
Las cifras muestran algo evidente: el país está preparado para dar este debate. Lo que falta ahora es tener la valentía política para enfrentarlo con seriedad y respeto por la capacidad de decidir de cada mujer.
