La reciente destitución de la directora del SernamEG, en pleno tratamiento por cáncer de mama —actualmente en pausa tras una crítica pública amplia y transversal— más allá de la discusión administrativa, permite identificar una doble paradoja. Por un lado, tensiona los principios que debiesen orientar la acción de una institucionalidad dedicada a la equidad de género; por otro, resulta difícilmente justificable a la luz de la evidencia disponible sobre el afrontamiento del cáncer, que subraya la relevancia de la continuidad de los vínculos, las condiciones laborales y el sostén social durante el proceso de enfermedad, más aún en el contexto de un gobierno que ha decretado alerta sanitaria oncológica.
Una primera paradoja radica en que este hecho se inscribe en una institucionalidad cuya función es precisamente promover y resguardar los derechos de las mujeres. Sin embargo, en este caso, dicha institucionalidad reproduce una forma de desprotección que no es solo individual, sino también simbólica: instala la idea de que el cuidado puede externalizarse, que puede gestionarse al margen de la decisión política sin afectar sus criterios. Que esto ocurra en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género no es un elemento accesorio; es, precisamente, lo que vuelve el caso particularmente inquietante.
Más profundamente, se trata de un síntoma: evidencia una forma de gobernar que, aun cuando reconoce discursivamente la dimensión humana de las personas, continúa operando al margen de sus condiciones materiales y corporales.
El propio Presidente Kast ha explicitado los fundamentos de la decisión, señalando que responde a criterios de gestión, confianza y responsabilidad orientados al “bien de todos los chilenos”. En ese marco, se reconoce la complejidad humana del caso y se expresa disposición a apoyar el tratamiento. Sin embargo, al mismo tiempo, se establece una jerarquía clara: la continuidad de la confianza institucional se sitúa por sobre la situación vital de quien ejerce el cargo.
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La evidencia científica acerca de los cuidados en cáncer es consistente en este punto: no basta con garantizar acceso a tratamientos ni con organizar sistemas eficientes desde una lógica estrictamente administrativa. La investigación internacional muestra que los mejores resultados en cáncer no dependen únicamente de la provisión de prestaciones, sino de la capacidad de los sistemas para sostener la continuidad del cuidado a lo largo de toda la trayectoria de la enfermedad, integrando —de manera efectiva— las dimensiones biomédicas, sociales y subjetivas que configuran la experiencia de enfermar. En esa línea, nuestra propia investigación —“ Institutional practices for cancer ”— evidencia que el cuidado no se agota en la intervención clínica, sino que supone condiciones que permitan a las personas seguir habitando el mundo: trabajar, sostener vínculos, ejercer autonomía y tomar decisiones en condiciones de dignidad, incluso en medio del tratamiento.
Desde esta perspectiva, el punto crítico no radica en que la institucionalidad desconozca la enfermedad, sino en que no reorganiza sus prácticas a partir de ella. La reconoce en el plano discursivo, pero no la incorpora como un elemento capaz de incidir en sus criterios de decisión. Es precisamente en esa disociación donde se expresa otra de las paradojas centrales del caso, que adquiere mayor densidad en el contexto de un gobierno que ha decretado alerta sanitaria oncológica: mientras se releva públicamente la prioridad del cáncer como problema sanitario, esta no se traduce en una reconfiguración de las prácticas institucionales cuando la enfermedad se encarna en quienes forman parte de ellas.
No se trata únicamente de un ejercicio de confianza política sino de cómo esa lógica se aplica sin mediaciones frente a una situación de vulnerabilidad evidente. No se observa una transición que integre la condición de enfermedad, ni una reorganización de tiempos o funciones en torno al cuidado. Más bien, se configura una separación: por un lado, la decisión política; por otro, el ofrecimiento de apoyo en el plano personal.
Esta separación, sin embargo, no es neutra. Permite visibilizar una tensión estructural persistente: las mujeres acceden a espacios de poder, pero estos continúan organizados bajo supuestos de continuidad, disponibilidad y neutralidad del cuerpo, que no consideran sus trayectorias corporales, reproductivas o de enfermedad. La vulnerabilidad asociada a estos procesos entra así en fricción con formas institucionales rígidas.
En este sentido, el caso trasciende su particularidad. El Estado no solo administra recursos o toma decisiones: también produce normas sobre qué vidas son protegidas, bajo qué condiciones y en qué medida esas condiciones pueden incidir en el ejercicio del poder. Si una institucionalidad orientada a la equidad de género no logra integrar la experiencia de la enfermedad en sus propios criterios operativos —incluso en un contexto de alerta oncológica—, la pregunta que se abre no es solo por esta decisión, sino por el tipo de institucionalidad que se está configurando.
Quizás, entonces, el problema no sea únicamente la destitución, sino lo que ésta permite develar: una forma de organización estatal que reconoce el cuidado en el discurso, pero que no se estructura desde él. Porque el cuidado no es un complemento de la política pública, sino un principio desde el cual esta puede —o no— ser organizada. Y en este caso, precisamente donde esa articulación resultaba más exigible, una enfermedad sobre la que se ha declarado alerta sanitaria y en una institución dedicada a la mujer y equidad de género, este cuidado aparece subordinado.
