A medida que los efectos del cambio climático se intensifican, la decisión de dónde vivir ha dejado de ser una consideración puramente personal o económica, incorporando cada vez más factores ambientales. A nivel global y regional, el calentamiento del planeta y los eventos extremos asociados a este proceso influyen de forma creciente en la movilidad humana. De hecho, estimaciones recientes proyectan que para el año 2050 entre 5,8 y 10,7 millones de personas en América Latina podrían trasladarse debido a eventos climáticos extremos y cambios ambientales permanentes.
Tal como explica la investigadora del Centro del Clima y la Resiliencia (CR2), Hanne Wiegel “Estamos observando cómo el cambio climático está influyendo cada vez más en las decisiones fundamentales de la vida cotidiana, como el lugar donde vivir”.
Esta realidad está cada vez más integrada en los marcos internacionales de gobernanza climática y de desastres, como el Acuerdo de París, el Marco de Sendai así como en nuevos mecanismos financieros del Fondo de Pérdidas y Daños, que instan a los países a proteger a estas poblaciones. En nuestro país, el tema comienza a cobrar la urgencia que merece; instrumentos recientes, como la Estrategia Climática de Largo Plazo (2021) y la Política Nacional de Migración y Extranjería (2023), ya reconocen la necesidad de comprender y gestionar estos desplazamientos.
Para entender la magnitud de este fenómeno, es vital aclarar qué implican exactamente las ‘movilidades climáticas’, ya que no se trata de un proceso único. Este concepto abarca el desplazamiento https://www.cr2.cl/capsula-climatica-cr2-que-son-las-movilidades-climaticas/), que se refiere a movilidades generalmente repentinas y forzadas provocadas por eventos climáticos extremos de rápida evolución, como incendios o inundaciones. También incluye las migraciones climáticas, que son movimientos más planificados, usualmente en respuesta a eventos de inicio lento, como la megasequía, donde las familias buscan nuevos medios de vida. Otra forma es la reubicación planificada, un proceso organizado, a menudo con respaldo estatal, para trasladar a comunidades enteras desde zonas de alto riesgo hacia áreas seguras.
Sin embargo, la otra cara de esta moneda son las inmovilidades; se habla de ‘inmovilidades climáticas’ cuando las personas deciden quedarse, por ejemplo, por un profundo arraigo territorial y cultural, o bien, cuando quedan involuntariamente "atrapadas" en zonas de riesgo por carecer de los recursos económicos o sociales para mudarse. En todos estos casos, estas transiciones no son meros cambios de código postal; representan rupturas profundas que afectan el bienestar físico y emocional de las poblaciones, convirtiéndose rápidamente en un desafío crítico y silencioso para la salud pública.
En este sentido, Karla Yohannessen, académica de la Escuela de Salud Pública e investigadora del CR2 explica que “La movilidad climática no es un fenómeno único, sino un conjunto de procesos complejos que incluyen desplazamientos forzados, migraciones planificadas e incluso situaciones de inmovilidad involuntaria”.
La realidad en Chile: Hallazgos desde el territorio
En Chile, la diversidad geográfica nos expone a múltiples amenazas que influyen en la dinámica demográfica local. Las movilidades climáticas han sido documentadas en distintas zonas del país; por ejemplo, en el Norte Chico, en localidades como Monte Patria (https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.11.005) y Petorca (https://www.cr2.cl/informe-final-movilidad-humana-en-contexto-de-cambio-climatico-y-desastres-socionaturales-los-casos-de-la-provincia-de-petorca-y-un-macro-campamento-de-antofagasta/) , que se han vuelto emblemáticas por los impactos de la sequía en las comunidades.
Para comprender mejor estos procesos en contextos de múltiples riesgos —y en otras regiones del país—, el estudio llevado a cabo por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2, 2024-2025) "Dinámicas, costos e impactos de las movilidades climáticas en Chile" (https://www.cr2.cl/dinamicas-costos-e-impactos-de-las-movilidades-climaticas-en-chile-recomendaciones-estrategicas-para-guiar-la-formulacion-de-politicas-publicas/) realizó un análisis piloto en la Macrozona Centro-Sur (regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío), una de las áreas más afectadas simultáneamente por sequías e incendios.
Al observar de cerca los resultados de este estudio, emergen cuatro puntos críticos que revelan el verdadero costo del cambio climático para las familias. En primer lugar, la evidencia territorial muestra que los efectos del cambio climático desempeñan un papel cada vez más importante como impulsores de la movilidad. Mientras la sequía prolongada aumenta las migraciones laborales recurrentes y contribuye al "éxodo rural" (especialmente de jóvenes que buscan oportunidades urbanas). “Los incendios forestales están actuando como un detonante inmediato de desplazamientos, mientras que la sequía impulsa procesos más silenciosos, pero sostenidos, como la migración laboral”, afirma Hanne Wiegel.
En segundo lugar, están los impactos económicos. Moverse es caro: el 37,6% de los hogares reportó el surgimiento de nuevos gastos permanentes (como arriendos o educación en un nuevo lugar), y el 32,8% sufrió altos costos asociados únicamente a la mudanza. A esto se suma el aumento del gasto en transporte para quienes no cambian de residencia, pero deben viajar largas distancias a diario para encontrar trabajo en predios que no han sido quemados ni secados.
En tercer lugar, los impactos no económicos revelan profundas fracturas sociales. La salud mental es una de las dimensiones más afectadas, con un 62,6% de las personas que reportan un empeoramiento tras movilizarse. Además, estos procesos no son neutrales al género: cuando los hombres migran temporalmente por trabajo, las mujeres y niñas que permanecen en el territorio se encuentran inmovilizadas, enfrentan una drástica sobrecarga de labores domésticas y de cuidado y, en muchos casos, pierden su propia autonomía económica.
“Los efectos de estas movilidades no son neutros: afectan de manera diferenciada a mujeres, niñas y comunidades que quedan en condiciones de mayor vulnerabilidad”, advierte Karla Yohannessen.
El estudio expone graves brechas en los datos y políticas públicas. Aunque el Estado gasta recursos en adaptación (como mejorar los sistemas de riego) y en recuperación postdesastre (como la reconstrucción de viviendas), no existen políticas ni programas sociales diseñados específicamente para abordar, proteger o financiar a las familias durante su proceso de desplazamiento o migración climática. El peso económico y emocional recae casi exclusivamente sobre los propios afectados.
Zonas al límite: Los "hotspots" de la movilidad climática
El estudio también pone especial énfasis en identificar los "hotspots" de movilidad climática. Estos no son simples puntos en un mapa, sino arquetipos territoriales donde se interceptan múltiples vulnerabilidades: una severa degradación medioambiental (pérdida de suelo y escasez hídrica), debilidades en la planificación territorial y una matriz económica que depende casi exclusivamente de actividades sensibles al clima, como la agricultura o el sector forestal. En estas zonas, marcadas además por cambios demográficos como el envejecimiento de quienes se quedan o la sobrepoblación en áreas de riesgo, la probabilidad de desplazamientos no voluntarios en el contexto de eventos extremos aumenta significativamente.
Por otro lado, incluso cuando se considere una decisión voluntaria y planificada, la migración suele ser una experiencia estresante. Puede tener repercusiones negativas en la salud mental y el bienestar ( https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-84433-1_24#DOI) , asociadas a una menor autoestima, una mala adaptación al nuevo lugar y un aumento de la depresión. Esto puede verse agravado por la ruptura de las redes de apoyo social, las dificultades para acceder a la atención médica, la vivienda, la educación y los servicios sociales, así como por las dificultades económicas y la discriminación en el nuevo lugar. Adicionalmente, la ruptura de los lazos sociales y las relaciones comunitarias resultantes de la migración puede afectar no solo a quienes se marchan, sino también a quienes se quedan, lo que, según se ha demostrado, contribuye al aumento de la depresión y otros problemas de salud mental.
El impacto invisible: la salud pública en la primera línea frente a un preocupante vacío de evidencia
Al analizar todas estas dinámicas, queda claro que las movilidades climáticas son un determinante social de la salud que no es posible ignorar, a pesar de la grave falta de información sistemática y de estadísticas oficiales que midan su alcance real. La realidad territorial nos muestra que quienes se desplazan repentinamente por incendios se exponen al humo tóxico, que genera severos problemas respiratorios y oculares, mientras que quienes enfrentan la sequía sufren por el acceso intermitente al agua de mala calidad, lo que incrementa el riesgo de problemas sanitarios e interrumpe la higiene básica del hogar. La cicatriz más profunda, sin embargo, es la psicológica: el miedo crónico a nuevos desastres, la incertidumbre económica y la pérdida de las redes comunitarias configuran un escenario de estrés agudo, ansiedad, depresión y trauma persistente por el desplazamiento. A esta vulnerabilidad se suma un factor crítico: en muchos casos, las personas retornan a estos territorios expuestos —ya sea por un profundo arraigo, necesidad económica o distintas percepciones del riesgo—, lo que perpetúa el ciclo de exposición y desgaste emocional. Al carecer de registros rigurosos que documenten estos efectos a largo plazo, el sufrimiento de estas comunidades permanece invisibilizado para el sistema sanitario.
“Existe un vacío crítico de información que impide dimensionar plenamente el impacto sanitario de estas movilidades, especialmente en el largo plazo”, subraya Hanne Wiegel.
Dentro de este panorama, la población infantil emerge como una de las más golpeadas y, paradójicamente, entre las menos documentadas en los estudios de impacto. Las niñas, niños y adolescentes (NNA) no solo sufren los embates físicos directos de estas emergencias, sino que ven profundamente afectada su salud mental al perder sus hogares, sus espacios seguros y sus rutinas de un momento a otro. La movilidad forzada o las evacuaciones interrumpen abruptamente su educación y los separan de sus amigos y de sus redes de apoyo, lo que constituye una grave vulneración de sus derechos fundamentales y de los derechos de la niñez (https://www.medwave.cl/perspectivas/comentario/2805.html) . La escasez de evidencia clínica y de seguimiento sobre cómo estas interrupciones afectan su desarrollo cognitivo y emocional nos deja ciegos ante una crisis de salud pública generacional.
“Las niñas, niños y adolescentes enfrentan impactos profundos y duraderos, pero siguen siendo una población insuficientemente considerada en la evidencia disponible”, concluye Karla Yohannessen.
Las movilidades climáticas no solo transforman los territorios; influyen directamente en la salud física y mental y la calidad de vida de miles de chilenos. Esto exige que nuestras políticas públicas dejen de reaccionar solo ante la emergencia y comiencen a proteger el bienestar y los derechos humanos de forma integral, poniendo especial énfasis en el cuidado de las nuevas generaciones.
