Hace algunos años, cuestionar públicamente el valor de la investigación científica o el aporte de las universidades aparecían de manera esporádica en el debate público. Hoy, en cambio, ese cuestionamiento comienza a instalarse desde el propio centro de la conducción política. Las recientes discusiones sobre reducir la duración de las carreras universitarias bajo criterios de productividad económica, o sobre revisar el financiamiento de investigaciones y publicaciones que "no generan empleo" o "juntan polvo", expresan una forma de entender el conocimiento cada vez más presente en el debate público: aquella que lo valora principalmente por su utilidad económica inmediata.
El problema no es discutir la eficiencia del sistema universitario ni el uso de recursos públicos. Tampoco es ilegítimo preguntarse cómo mejorar la pertinencia de la formación o el impacto de la investigación. El problema aparece cuando comenzamos a asumir que el valor del conocimiento depende casi exclusivamente de su capacidad de generar crecimiento o empleo en el corto plazo.
Parte importante de esta discusión parece asumir que las universidades son esencialmente entidades certificadoras de competencias laborales. Espacios donde las personas adquieren habilidades específicas para insertarse lo más rápido posible en el mercado del trabajo.
Pero la universidad ha sido históricamente algo más que un espacio de certificación laboral. La formación universitaria implica reflexión disciplinar, formación intelectual, pensamiento crítico y exposición a marcos de comprensión más amplios que las necesidades inmediatas de una ocupación específica.
Desde esa perspectiva, las trayectorias formativas no responden únicamente a criterios de eficiencia temporal. Una formación más extensa muchas veces busca justamente ampliar la comprensión de un campo, incorporar perspectivas diversas y evitar una reducción puramente instrumental del conocimiento.
La paradoja es evidente: en un mundo cada vez más complejo e incierto, se fortalece la presión por formar profesionales más rápidos, más específicos y más inmediatamente utilizables, cuando muchos de los desafíos actuales requieren precisamente lo contrario: capacidad de adaptación, juicio crítico y comprensión interdisciplinaria.
Algo similar ocurre con la investigación. Las sociedades no investigan únicamente para producir innovación comercializable. También investigan para comprender fenómenos sociales, anticipar riesgos, preservar memoria, desarrollar capacidades estratégicas y ampliar aquello que saben sobre sí mismas y sobre el mundo. Y eso incluye áreas cuyos resultados no siempre son inmediatos, espectaculares ni fácilmente cuantificables.
La historia de la ciencia está llena de conocimientos que durante años parecieron abstractos o irrelevantes antes de transformarse en herramientas fundamentales. Buena parte de las matemáticas que hoy sostienen la criptografía y las comunicaciones digitales nacieron como investigación teórica sin aplicación práctica evidente. La epidemiología, la vigilancia sanitaria o la preparación frente a pandemias parecían para muchos un gasto excesivo antes del Covid-19. Después pareció insuficiente.
La paradoja es que muchas veces el valor de ciertos conocimientos sólo se vuelve evidente cuando ya los necesitamos.
Lo que subyace a esta discusión es un fenómeno más profundo: la progresiva desaparición de ciertos límites respecto de cómo entendemos las instituciones públicas. La universidad comienza a evaluarse como si fuera una empresa. La investigación, como si fuera una inversión financiera. Y el conocimiento, como si sólo tuviera legitimidad cuando demuestra retorno económico inmediato.
El problema no es incorporar criterios económicos en las políticas públicas. El problema aparece cuando esos criterios se transforman en el único lenguaje legítimo para hablar sobre universidad, ciencia o cultura. Cuando eso ocurre, lo que no muestra impacto inmediato empieza a percibirse como innecesario o accesorio. Y con ello se estrecha también la capacidad de una sociedad para sostener preguntas abiertas, invertir en conocimiento de largo plazo y prepararse para escenarios inciertos.
Porque una sociedad no sólo se desarrolla cuando produce más. También cuando es capaz de comprender mejor el mundo que habita, incluso antes de saber exactamente para qué le servirá ese conocimiento.
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