Esta semana se conoció que los Ministerios de Salud y Hacienda trabajan en una propuesta conjunta para aumentar los impuestos a los vapeadores y equiparar su carga tributaria a la del cigarrillo convencional. Desde la salud pública y la academia, se subraya que esta iniciativa tiene una urgencia mayor.
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Verónica Iglesias Alamos, académica del Programa de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile e investigadora de CECAN, señala que "esta medida no debe evaluarse únicamente por sus efectos económicos, sino también por su capacidad para prevenir futuras enfermedades asociadas a la adicción a la nicotina y a la exposición a aerosoles potencialmente dañinos para la salud".
Durante las últimas décadas, Chile ha logrado avances significativos en el control del tabaquismo. El consumo de cigarrillos entre escolares ha disminuido de manera sostenida gracias a políticas públicas que incluyen restricciones a la publicidad, ambientes libres de humo y el aumento de los impuestos. Sin embargo, la irrupción de los cigarrillos electrónicos ha cambiado este escenario. Aunque la industria presenta estos productos como una alternativa de menor riesgo para los fumadores adultos, su creciente uso entre los jóvenes genera preocupación. La evidencia indica que quienes los utilizan tienen mayor probabilidad de desarrollar dependencia y, posteriormente, de iniciar el consumo de cigarrillos convencionales.
El desafío de la latencia y la urgencia de una regulación integral
Uno de los mayores peligros de la inhalación de estos aerosoles, incluso los que no contienen nicotina, es que sus efectos adversos en el sistema respiratorio tardan en manifestarse. Marco Cornejo Ovalle, Director del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Odontología, enfatiza este punto: "Uno de los principales desafíos es que los efectos crónicos derivados de estas exposiciones no se hacen visibles de inmediato". El experto recuerda que el cáncer de pulmón y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) actuales reflejan exposiciones ocurridas hace décadas. Por ello, postergar el impuesto implica no intervenir ahora sobre una exposición cuyo alto costo en morbilidad y mortalidad se expresará recién en el futuro.
La evidencia internacional demuestra que el precio es uno de los factores que más influyen en el inicio del consumo adolescente. En consecuencia, el aumento de impuestos constituye una de las medidas más costo-efectivas para reducir la demanda y es una estrategia recomendada por la Organización Mundial de la Salud mediante el Convenio Marco para el Control del Tabaco y la estrategia MPOWER. En Chile, la regulación es aún más urgente al considerar que se permite una concentración máxima de nicotina de 45 mg/ml en líquidos para vapeo, muy superior al límite de 20 mg/ml establecido en la Unión Europea. Pese a esto, Cornejo advierte sobre las alternativas en el mercado: "Los productos libres de nicotina también generan exposición a sustancias inhaladas potencialmente dañinas y contribuyen a normalizar conductas de consumo entre adolescentes y jóvenes". Por ende, la tributación debe aplicarse a todo tipo de dispositivos.
Finalmente, existe una dimensión de justicia intergeneracional en este debate. La dependencia a la nicotina se inicia frecuentemente en la adolescencia, etapa en la cual la capacidad de evaluar riesgos futuros es limitada. Para cerrar, Verónica Iglesias releva las responsabilidades del Estado: "Proteger a niños, niñas y adolescentes frente a los productos que generan dependencia o que les exponen a riesgos para la salud cuyos efectos pueden manifestarse años más tarde no es una restricción de la libertad individual, sino una obligación ética". Equiparar los impuestos de los cigarrillos electrónicos a los del tabaco convencional es una oportunidad concreta para enfrentar la estrategia comercial de la industria y proteger a las próximas generaciones.
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