La actividad, celebrada en diciembre pasado, congregó a diversos actores del mundo del trabajo, quienes manifestaron su interés sobre que el Estado garantice los derechos en seguridad y salud en el trabajo, que hoy están claramente incumplidos.
Durante la primera mesa de exposición, Jorge González, secretario de Negociación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), señaló que “es necesario garantizar los principios de la universalidad y la solidaridad, ya que en nuestro país solo un 70% de los trabajadores tiene cobertura del seguro y éste presenta inequidades tremendas en varios aspectos, ya que se privilegia a las empresas grandes. La CUT quiere que todo el dinero del Seguro de la Ley 16.744 sea integro para el trabajador, que se invierta en seguridad y salud y no se destine a otros fines distintos”.
En el siguiente panel de discusión, Claudio Reyes, superintendente de Seguridad Social (SUSESO), aseveró que entre los problemas para una adecuada gestión del tema es que “coexisten varias entidades fiscalizadoras, y muchas de ellas con roles y criterios superpuestos y en ocasiones contradictorios. Hay entidades con facultades generales para fiscalizar, como las SEREMIS de Salud y la Dirección del Trabajo. Y hay otras entidades con facultades más específicas como el SERNAGEOMIN, DIRECTEMAR, entre otras. Y la SUSESO que fiscaliza la administración del seguro Ley 16.744. La SUSESO no solo fiscaliza este seguro, sino que tiene muchos otras funciones, con más de 600 entidades fiscalizadas”.
Además, “es necesario garantizar de mejor manera el principio de la universalidad, por ello se está trabajando en aumentar la cobertura del seguro. Sin embargo, hay que hacer énfasis en que no todos los problemas requieren modificaciones legislativas. Existe una serie de aspectos que pueden mejorar con normas reglamentarias y normas técnicas apropiadas”.
Al respecto, Sergio Morales, dirigente del Sindicato N° 1 de la División Ventanas de CODELCO, afirmó que “en Chile no hay un Sistema de SST, porque todo se ha ido construyendo ‘parche a parche’. Lo único con lo que se cuenta es con la Ley 16.744, pero es solamente un seguro, que administra pagos, compensaciones, subsidios, pensiones, pero no es un sistema de SST. Hay tal cantidad de entidades, instancias, y la responsabilidad está tan dispersa y cada uno hace las cosas desde su perspectiva, sin ninguna articulación”.
Asimismo, “nosotros en la División Ventanas conocimos la Administración Delegada y ahora estamos en una mutualidad. Sin ofender a nadie, tenemos que decir que ha sido una mala experiencia estar en una mutualidad desde la perspectiva de los trabajadores. El ISL también adolece de grandes dificultades y carencias”, sentenció.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Mutualidades de Chile, Ernesto Evans, aseguró que “hoy el 44% de las empresas adherentes a las mutualidades son empresas con menos de 200 trabajadores y esto va en aumento. O sea que no es efectivo que las mutualidades están enfocadas a las grandes empresas. Creemos que es necesario una modificación a la Ley 16.744 (incluso una ley corta), para terminar con la distinción entre obrero y empleado, emparejar la cancha entre mutualidades e ISL”.
En representación de los trabajadores, Felisa Garay, puso énfasis en que “el administrador público (ISL y servicios de salud) no hace estudios de puestos de trabajo, no mide agentes como polvo, ruido, etc. Tampoco estudian las posibles enfermedades profesionales. La discriminación entre obreros y empleados hace que el ISL compre servicios a las mutuales para los empleados y mande a los obreros al sistema público”. Y agregó que “acusan que las mutualidades solamente reconocen el 26% de las enfermedades profesionales que se les denuncian y que privilegian las atenciones a pacientes extra–ley en sus establecimientos que fueron construidos y mantenidos gracias a las cotizaciones de los trabajadores afiliados, un fondo que por ser parte del régimen de prestaciones de previsión social, es público”.
Además aseguró que “las mutuales no deberían ser juez y parte en la determinación del grado de incapacidad por accidentes del trabajo (hasta 1987 lo hacían las COMPIN), menos todavía en las enfermedades profesionales como está planteado en el proyecto de ley presentado por el gobierno anterior, y tampoco en la evaluación de los requisitos para acceder a la rebaja de la cotización adicional diferenciada. El Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) no está funcionando, no tienen fuerza, porque no tienen fuero y los representantes de los comités en los directorios de las mutuales no los conoce nadie y no representan a nadie. Los trabajadores no tienen participación en las mutuales”.
Por su parte a, la académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica, Alejandra Vives, afirmó que “hay un fuerte crecimiento en el sector servicio, y en Chile no nos hemos hecho cargo de este sector. Hay un predominio del trabajo manual no calificado, pero con un peso muy importante de los trabajos no manuales, hay que tener claro esto para prevención de riesgos de este sector”.
Felipe Chinchón, subgerente técnico de 3M Personal Safety División, destacó que “hay un universo de 4.500 prevencionistas de riesgo que estaban trabajando en 4.550 empresas. Lo que demuestra que no existe el número mínimo de profesionales para las empresas de este país. A esto se agrega que hay 1.600 expertos en prevención de las mutuales. Y la pregunta es: ¿cuál es la calidad de la educación de esos profesionales? Si no se conoce bien el riesgo, ¿cómo se va a evaluar correctamente, si todo el sistema está errado?”, sentenció.
En "Documentos adjuntos" puede ver el resumen de todos los planteamientos realizados en el seminario.
