Para la mayoría es una espera dolorosa, excesiva y muchas veces invalidante: el 42% de los pacientes de Fonasa inscritos para ser operados debe aguardar al menos un año para recibir el tratamiento.
Así lo muestra el más reciente informe del Ministerio de Salud (Minsal), que a noviembre pasado cifró en 255.202 las cirugías No Ges pendientes en el sistema público. De estos casos, el 58% lleva menos de 12 meses en el registro, mientras que el 42% -es decir, 107.343 personas- lo supera ampliamente.
De este último grupo, el 33% ha aguardado entre 12 y 18 meses, el 26% entre 18 meses y dos años y el 27% entre 24 meses y tres años. Los registros más extremos afectan a 14.329 personas, cuya espera ya superó los tres años.
De acuerdo con el informe de Salud, los grupos más postergado son Traumatología, Cirugía Digestiva y Otorrinolaringología. Además, el promedio de días de espera, considerando el total del repositorio, llega a 469 días (ver infografía).
Silvia Lagos (67) es una de las pacientes de la lista. Explica que padece prolapso de los órganos pélvicos y que aguarda una cirugía hace más de dos años. Según cuenta, no es la primera vez que la ponen en lista de espera, pues hace 15 años le diagnosticaron cálculos a la vesícula y le explicaron la importancia de operarse rápidamente, para minimizar el riesgo de padecer el mismo cáncer que le quitó la vida a su madre: “En ese momento no quise esperar y me operé a los seis meses en el sector privado. Del sector público nunca me llamaron. En estricto rigor, llevo 15 años esperando”.
Evolución
Comparado con agosto pasado, la lista muestra una evolución positiva, ya que en esa fecha el 51% de los pacientes tenía una espera superior a 13 meses. Además, en enero de 2018 la cantidad de inscritos llegaba a 285.625, lo que, comparado con el último registro, constituye una disminución del 11% en 10 meses.
Esto respondería a dos campañas de contingencia que ha puesto en marcha el Minsal, para resolver los casos más antiguos. La primera, que apuntó a disminuir el 25% de la lista en tres meses -unos 70 mil pacientes- significó operar a casi 40 mil personas, pues el resto fue egresado administrativamente (ya habían sido intervenidos, la cirugía ya no estaba indicada o, incluso, el paciente había fallecido).
Otra medida que se propuso el gobierno, para antes del 31 de marzo, es sacar del listado a todos los pacientes inscritos antes de 2016. Esto, para que la antigüedad del repositorio no supere los dos años.
Según el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, la campaña considera atender 80 mil casos, de los cuales -explicó- a la fecha se han resuelto “más de 52 mil”, mediante una estrategia de mayor eficiencia. “Hemos mejorado la disponibilidad de pabellones, se está trabajando a horario completo. Hemos controlado el porcentaje de suspensión de las cirugías y ahora estamos en un 8%, con la meta de terminar el 2019 con solo el 5% de los procedimientos suspendidos. Además, como la cirugía traumatológica es la de más costos, compleja y con más personas a la espera, hemos hecho alianzas con la Sociedad de Ortopedia o la Fundación Acrux, que hacen operativos médicos”.
Problema estructural
Sobre las nuevas cifras del repositorio, Óscar Arteaga, académico de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile y parte de la Comisión Asesora de Lista de Espera que convocó el gobierno pasado, explica que se trata de una disminución marginal: “La magnitud de la lista de espera, en personas y tiempos, se ha mantenido. En el informe de enero de 2018, que hicimos con datos de 2017, la mediana de espera era de 381 días, un poco más de un año”. Agregó que “las cifras reflejan que tenemos un tema estructural y se basa principalmente en una escasez de recursos y un déficit de camas” añadió.
Arteaga detalla que Chile tiene 1,9 médicos por mil habitantes, por debajo del promedio de 3,3 de los países OCDE. En las camas hospitalarias la situación es más dispar, pues existen 2,2 por mil personas, mientras que en OCDE este registro alcanza 4,9 unidades.
“La solución no radica solo en inyectar más dinero al sistema. Se debe generar acuerdos con las universidades dedicadas a formar recurso humano, para que en plazos razonables se pueda contar con más especialistas. Hay que intencionar políticas públicas con sentido de Estado”, dijo.
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