Conmociona pensar en cómo las mujeres de nuestro país, frente a la necesidad de un aborto se enfrentan a la falta absoluta de espacio para buscar ayuda en los servicios públicos de salud. Ellas deben hacerse cargo solas de lo que debería ser un derecho garantizado: la libertad de decidir sobre su cuerpo y su maternidad. La Organización Mundial de la Salud recoge bien lo que sucede en la realidad: “Ya sea que el aborto se dé con mayores restricciones legales o que esté disponible a requerimiento, la probabilidad de que una mujer tenga un embarazo no deseado y que intente un aborto inducido es prácticamente la misma". Por ello, la salud pública en nuestro país ha tenido un discurso sostenido y consistente a lo largo del tiempo. Este ha reconocido siempre al aborto inducido y sus consecuencias como un problema de salud pública que no puede abordarse desde la penalización y criminalización de las mujeres, sino desde la política pública y la protección del daño a la salud. El Dr. Fricke en el año 1964 planteaba ya que la penalización del aborto era inaplicable, pues frente a las 70.000 hospitalizaciones anuales por aborto séptico de la época no había cárcel para tanta mujer. Hoy su planteamiento sigue siendo válido puesto que apela al sentido común. Actualmente los egresos estimados por complicaciones de aborto inducido son cerca de 18.000 al año (Molina 2014).
La actual legislación no es en absoluto efectiva para reducir el aborto en el país. Ella no protege la vida del que esta por nacer, pues, a pesar de la penalización, se estima que los abortos inducidos al año son entre 80.000 y 140.000. En realidad lo que esta legislación hace es poner en riesgo la salud de las mujeres, como lo hemos visto en casos recientes. Tampoco lo hará la legislación en discusión, pues se plantea despenalizar apenas para un grupo de causales que, en el mejor de los casos, podría resolver un 3% del problema. Con altísima probabilidad, la próxima mujer que recurra en condiciones graves a los servicios públicos por un aborto inducido complicado, no tendrá un feto gravemente malformado en su vientre, ni tendrá una patología que el embarazo agrave y tampoco habiendo denunciado una violación, pues esas no son las causas más frecuentes para recurrir a un aborto en este país.
El piso mínimo para pensar en la solución de este problema de salud pública requiere considerar las necesidades y derechos reales de las mujeres como personas con proyectos de vida propios. Esta es la discusión esencial y urgente que la sociedad chilena de hoy tiene que resolver. El dilema es si se va abordar este problema desde consideraciones valóricas abstractas, vidas teóricas y proyectos idílicos, obligando a una maternidad no planificada ni deseada impuesta sin discusión por el Estado, o se recuperará el sentido común para reconocer y responder a una realidad, que todo apunta irá volviéndose cada vez más crítica para la salud de las mujeres de nuestro país.
Por Pamela Eguiguren
Jefa del Programa Salud y Comunidad
Escuela de Salud Pública UCh
