Universidad de Chile, 31 de diciembre de 2014
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó que el veto presidencial se enviará a más tardar el lunes al Congreso, con el fin de generar una discusión más amplia que permita resolver dudas respecto de las consecuencias de la droga.
Sin embargo, el jefe de cartera señaló que la ley es perjudicial para la salud pública.
“Esta es una ley dañina para la salud pública de nuestra país. Lo que está en juego no es un tema financiero público, durante su gobierno se han incorporado al Programa Nacional de Inmunizaciones diversas nuevas vacunas, en ese contexto estamos agradecidos del presidente de este gesto”, declaró el ministro.
Asimismo, el ministro recordó que gracias al Programa Nacional de Inmunizaciones se han llevado a cabo positivamente campañas de prevención contra el brote de coqueluche en adolescentes, la meningitis por neumococo, y finalmente contra la meningitis causada por la bacteria W135.
A su vez, la doctora María Teresa Valenzuela, presidenta del Comité Asesor de Vacunas y Estrategias de Inmunización (CAVEI), indicó que han mantenido excelentes niveles de protección y que certifican la seguridad de la herramienta.
“Tenemos la certeza que las vacunas son la herramienta más efectiva de la salud pública para mantener a nuestra población infantil sana. Queremos dar seguridad a toda la sociedad de que tenemos una herramienta en nuestro país, una de las más poderosas para prevenir enfermedades, las vacunas”, explicó la profesional.
Cabe agregar que el comité está integrado por académicos de diversas especialidades, pertenecientes a la Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad de Valparaíso, entre otras, además de contar con la Sociedad Chilena de Infectología.
Instituciones que se han manifestado contra de la Ley por no considerar toda la evidencia científica y las recomendaciones hechas por los organismos de salud y medioambientales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS), quienes descartan la asociación del timerosal con la provocación de autismo.
Por su parte, el diputado Enrique Accorsi, perteneciente a la comisión de Salud, indicó que la decisión de Gobierno es positiva, ya que aseguran un debate amplio.
“Yo creo que brinda la posibilidad de ampliar el debate. Nosotros hemos propuesto es que todas las evidencias científicas sean evaluadas por la Academia Nacional de Ciencias y también por expertos internacionales, sin tener parte, porque la idea es que los chilenos y chilenas tengan la mejor calidad de vacunas”, comentó el parlamentario.
La Ley ha causado un conflicto entre científicos y parlamentarios, éstos últimos han insistido en tener pruebas fehacientes del daño que provoca en niños menores de ocho años, embarazadas y adultos mayores. Al respecto, la diputada PPD, Cristina Guirardi, insistió en la importancia del principio precautorio, para que se utilicen mejores estándares de salud.
Ante esto, Oscar Arteaga, director Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, calificó de preocupante la aprobación de un proyecto que no confía en la opinión de la comunidad científica.
“Parte del proceso de construcción de una sociedad es que los distintos actores, que se desempeñan en distintos ámbitos, tengan confianza en el quehacer de aquellos desempeñan en ámbitos distintos. En el parlamento, nuestros representantes políticos, han legislado sobre un tema técnico en contra de la opinión de la academia de salud en el país”, expresó el profesional.
Postura que se contrapone a la visión del presidente del Colegio Médico de Chile, Enrique Paris, quien ha manifestado abiertamente su apoyo a la Ley.
