Académica del Programa Salud Ocupacional de la Escuela de Salud Pública
El gobierno de la presidenta Bachelett tiene la responsabilidad de activar el Consejo Consultivo y el Comité de Ministros de seguridad y salud en el trabajo (SST) que no funcionaron en todo el año 2014, para lo cual deberá modificar sus estructuras y responsabilidades, incorporando representantes legítimos de los trabajadores y empleadores a quienes se deberá otorgar las facilidades y recursos para cumplir sus importantes funciones.
La primera cuestión a la que deberán abocarse estas instancias es la elaboración final de la Política de SST, esto es, un documento en que se establecen los principios y compromisos en la materia, que deberán traducirse posteriormente en un sistema que sea capaz de llevarlos a la práctica a través de un programa nacional que incluya objetivos, metas, indicadores, recursos y responsables.
Todos los análisis de la situación actual coinciden en que la Política de SST debería incluir el compromiso de implementar un sistema que abarque a todos los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia y no solamente a los que cuentan con seguridad social, que hoy alcanzan solamente un 70% de la fuerza laboral activa. Asimismo, deberemos abocarnos a elaborar una ley de SST que contemple muy claramente los derechos y obligaciones de los empleadores y trabajadores, con estándares de gestión y operación modernos y con sistemas y asesoramientos que faciliten y apoyen el cumplimiento al pequeño y mediano empresario y, por último, un sistema de regulación y de fiscalización que cumpla con los principios de unidad, sistematicidad, modernidad y eficiencia.
Todas estas cuestiones van más allá y no se agotan con el seguro actualmente contemplado en la ley 16.744 de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, respecto de la cual hay un proyecto pendiente presentado por el ex presidente Piñera en los últimos meses de su gobierno, que deberá ajustarse a los principios y compromisos de la Política, mejorando la cobertura prestacional y la gestión de los organismos administradores, permitiendo la real participación de los trabajadores en la elección del administrador y en la gestión del seguro.
En el intertanto, hay una serie de materias que no requieren modificación de ley, sino solamente reglamentos, normas técnicas o programas que pueden ser abordados desde ya si existe la voluntad y decisión de hacerlo y podrían traducirse en mejoras en los procesos de regulación, de fiscalización, de gestión al interior de la empresa y de cobertura a los accidentes y enfermedades que hoy no están siendo acogidos por el seguro, ya sea por ocultamiento o por falta de conocimiento por empleadores y trabajadores o por la falta de protocolos, incentivos y voluntad de los organismos administradores y fiscalizadores. Las medidas para fomentar la sindicalización y participación de los trabajadores actualmente en trámite coadyuvarán al logro de estos objetivos.