María Teresa Valenzuela S.
Académica Programa Salud y Comunidad
En Chile hay más de 6 millones de fumadores/as.
Cada media hora muere una persona en nuestro país por enfermedades causadas por el tabaco: son, en promedio, 46 muertes diarias, más de 16 mil cada año. Ostentamos uno de los más tristes récords internacionales que puede tener un país: ser el más fumador del continente americano y tener la prevalencia más alta en el mundo de niñas fumadoras: 39,8% en el tramo de 13 a 15 años. La Encuesta Nacional de Salud 2009-2010 reveló que el 40,6% de la población mayor de 15 años fuma y uno de los índices más alarmantes de este estudio es el aumento de la intensidad de consumo: de 8 cigarrillos diarios que fumaban los/as chilenos/as en 2003 hoy fuman 10,4. Cada año, el tratamiento de enfermedades causadas por el tabaco significa una carga de más de un billón de pesos al erario nacional.
La magnitud de la epidemia del tabaquismo en Chile y el escaso impacto sanitario de la ley promulgada el año 2006 justificaban de sobra una nueva legislación que regulara el consumo de tabaco en nuestro país, lo que se concretó a principios de 2013. El nuevo cuerpo legal era necesario, en primer lugar, para mejorar la salud de la población –especialmente la de fumadores pasivos- y, secundariamente, para cumplir con el Convenio Marco de Control del Tabaco, compromiso internacional vinculante adquirido por Chile el año 2005 con la Organización Mundial de la Salud.
Adicionalmente, durante el año 2014 y en el marco de la reforma tributaria, el impuesto al tabaco subió considerablemente –más de 8 veces en el componente del impuesto específico- medida que es considerada la más importante y de mayor impacto en la disminución del consumo.
El tabaquismo es una epidemia cuyo vector de transmisión es la industria del tabaco, multimillonaria, transnacional y poderosísima, no sólo por la cantidad de dinero que gana a costa de la salud de la gente, sino por la red de influencias al más alto nivel político y económico que tiene. Durante la discusión y votación de la última ley, promulgada a principios de 2013, el Ministro de Salud de la época y algunos parlamentarios denunciaron las presiones que recibieron de esta industria para evitar una nueva legislación, más moderna y efectiva en el control de esta epidemia. El inicio del consumo a tempranísimas edades –los niños y niñas chilenos/as empiezan a fumar antes de los 14 años- ha sido el mejor triunfo que las tabacaleras han tenido desde que se instalaron en Chile, a principios del siglo pasado.
Aún así y gracias a una sociedad civil organizada y a la voluntad política de muchos parlamentarios y del Ministerio de Salud, se ha logrado la promulgación de una nueva normativa que consagra, esencialmente, el derecho de los no fumadores a estar, entretenerse y trabajar en ambientes libres de humo de tabaco. Frente a esto, se ha tratado de plantear una polémica que pone en contrapunto la salud de la población y las libertades personales. Este es un dilema inaceptable desde la perspectiva de la salud pública. No se puede defender el derecho de los fumadores y no hacerlo con los de los no fumadores. Son estos últimos los que se han invisibilizado durante décadas y muchos de ellos se convirtieron en fumadores pasivos sin desearlo. ¿Qué libertad protegemos, entonces? ¿La de dañar a quien está al lado sin su consentimiento?
Se espera que la nueva ley del tabaco demuestre, en el mediano y largo plazo, impacto sanitario tanto en la disminución de las altas prevalencias que hoy tenemos, en las muertes atribuibles al consumo de tabaco como en la alta morbilidad aguda y crónica causada por esta droga. Todos estos indicadores son de lenta ocurrencia y la industria tabacalera, en el intertanto, seguirá intensificando sus esfuerzos por aumentar el número de fumadores/as en Chile, especialmente a través del inicio precoz de los y las adolescentes en el consumo de cigarrillos.
Nuestro país debe avanzar más en medidas de control del tabaquismo pues las cifras de consumo siguen siendo extremadamente altas. ¿Qué nos falta? En primer lugar, fiscalización del cumplimiento de la ley: hoy las tabacaleras violan flagrantemente la prohibición de hacer propaganda en los lugares donde se venden cigarrillos y nadie las sanciona; nos hace falta tener advertencias sanitarias más grandes en las cajetillas de cigarrillos y eliminar colores y logotipos de las marcas para evitar la propaganda del tabaco; prohibir aditivos como el mentol en los cigarrillos pues generan más adicción y aumento del consumo, especialmente en adolescentes y mujeres jóvenes; implementar el plan de prevención del consumo de tabaco en establecimientos educacionales, medida que no se ha cumplido a pesar de estar incluida en la ley; tener campañas comunicacionales anti tabaco, que contrarresten las agresivas estrategias de marketing de la industria del tabaco; y, finalmente, crear y ofrecer programas de cesación del consumo en el sector público de salud, que hasta hoy son casi inexistentes.
Si somos capaces, como país, de llevar adelante todas estas medidas, sin duda daremos un paso relevante en mejorar la salud de nuestra gente.
