Por Dr. Marcos Vergara
Académico ESP
EL CLAMOR de las Isapres se ha centrado en combatir la “judicialización”, que se ha traducido en que los cotizantes interponen recursos en los tribunales de justicia para impedir los reajustes de los planes. Así lo evidencia el doctor en economía, señor Ricardo Bitrán, en su reciente columna en La Tercera. El foco de la industria no ha estado puesto en la corrección del problema de fondo, cual es la tarificación por riesgos y sus derivados como la cautividad, asunto al cual el país ha destinado tres comisiones de expertos, dos en el gobierno de Piñera y una en el gobierno actual, las que han llegado más o menos a las mismas conclusiones y realizaron propuestas concretas al respecto, con las cuales -las de la última comisión- se construye un proyecto de ley.
El riesgo de quiebra al que aluden los especialistas que preferirían mantener las condiciones actuales de la industria y solo abordar el tema de la reajustabilidad, tiene su origen profundo en el diseño de los planes en ambiente sin regulación, durante los primeros 10 años de la industria, en que se incorporaron elevadas coberturas financieras de prestaciones médicas elásticas frente a los precios, lo que derivó en que las alzas de costos se expliquen principalmente por incrementos de consumo sanitario de las personas, inducidos por los propios prestadores, como se ha descrito extensamente en la literatura.
Se entiende que la quiebra de una Isapre, como se amenaza, no sería una buena noticia. Por cierto que no. Los que vivimos la quiebra de la Isapre de Inverlink -de cuyo nombre no quiero acordarme-, sabemos que significó la transferencia de la cartera al resto de las Isapres y la implementación de fuertes medidas de control financiero para evitar ser sorprendidos nuevamente con algo por el estilo. Pero es así que la historia de la industria se ha reducido a mantener su naturaleza estructural, al tiempo que se incrementan los mecanismos de regulación para evitar desbordes. A mi entender, ese es un camino agotado. Si hemos de reformar, hemos de hacerlo a fondo de una vez. Y para eso se crearon, por lo demás, las citadas comisiones de expertos.
Y que no teman los analistas de que esto implicaría necesariamente un asegurador único, algo así como Fonasa gran monopsonio comprador. Es cierto que es un camino posible y que a muchos entusiasma, pero también está la alternativa del seguro único con aseguradores múltiples, como ha sido propuesto en las comisiones. A estas alturas, pocos dudan de la necesidad de corregir el defecto de fondo: la seguridad social en salud con seguros privados de corto plazo y tarifas ajustadas a los riesgos de enfermar de las personas, pues eso constituye la verdadera enfermedad del sistema, la fuente de inequidad, del alto gasto de bolsillo y de la falta de protección financiera. El dilema se reduce a si al reinstalar la solidaridad en los riesgos, lo vamos a hacer con un asegurador único o con aseguradores múltiples. Al lado de todo eso, la impugnada reajustabilidad no es más que un resfrío común, que se resolverá por añadidura. Independientemente del negocio de los abogados, la judicialización por alza de precios ha sido un ejercicio de ciudadanía.
