La evidencia científica indica que en nuestro país los niveles de obesidad han aumentado considerablemente en niños, adultos y mujeres embarazadas durante 2000-2010, y que el consumo de bebidas azucaradas (BAs) en niños chilenos se acerca a los 500 ml. al día, lo que se vincula directamente con la obesidad en niños de 6 a 13 años.
De esta forma, las enfermedades relacionadas con la alimentación dan cuenta de una rápida y gran carga de mortalidad y morbilidad en Chile y en otros países de bajos y medianos recursos. Por ello, el estudio liderado por el Dr. Cristóbal Cuadrado, académico del Programa Políticas, Sistemas y Gestión en Salud, busca evaluar el impacto de la política fiscal que aumenta el impuesto a las bebidas azucaradas.
Se trata de un estudio de tres años, en conjunto con investigadores del Centre for Health Economics de la Universidad de York, Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Universidad Católica y Universidad de Santiago, financiado por Newton Fund y CONICYT.
Su objetivo es evaluar los efectos de corto plazo de la política fiscal que aumenta de un 13% a un 18% el impuesto a las BAs (que se definen como aquellas que tienen una concentración de azúcar de 6.25 o más gramos cada 100 ml.), y que reduce el impuesto a las bebidas bajo este umbral de azúcar de 13% a 10%. Para medir el efecto de esta política, se utilizarán métodos cuasi-experimentales, midiendo las compras de distintos tipos de bebidas en una muestra representativa de la población nacional, con grupos de diferente nivel socioeconómico.
“Busca trasladar a la realidad chilena la potencial utilidad de una política pública, que ha mostrado ser promisoria en países como México. Al año de implementación uno podría evaluar alguna diferencia en consumo”, afirma el Dr. Cuadrado.
El investigador agrega que “la segunda parte del proyecto es modelar distintas políticas de estrategias fiscales útiles como herramientas de política pública. Por ejemplo, en Dinamarca y en Nueva York, el impuesto a las grasas saturadas logró disminuir en forma importante el consumo y la mortalidad cardiovascular”.
Proyectando otras medidas, el académico afirma que “otra herramienta poco explorada, pero interesante es el subsidio. No solo es posible desincentivar el consumo de alimentos que sean perjudiciales, sino aumentar el acceso a otros más beneficiosos, como las frutas y verduras. Es decir, en conjunto, se debe buscar una serie de medidas que permitan que la población tome decisiones más saludables”.
Y destaca que “identificar los patrones de consumo en hogares de menores ingresos –en donde generalmente existe mayor prevalencia de diabetes y enfermedades crónicas no transmisibles- permite que potencialmente sea el sector más beneficiado desde el punto de vista sanitario y esa consideración de equidad en relación a cómo se distribuyen los efectos de la política también es muy interesante de ser estudiada”.
En Chile, cerca de dos tercios de la población adulta presenta sobrepeso. Según la Encuesta Nacional de Salud, en 2010 un 27,4% de la población mayor de 15 años era obesa, a lo que debe sumarse un 39,3% de población con sobrepeso. En el caso de los pre-escolares, datos de JUNAEB muestran que los niños preescolares tienen una prevalencia de obesidad entre 22 y 23%.
Por Sandra Vargas Bravo
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