El Prof. Marc Suhrcke visitó la ESP en el marco del proyecto de investigación que medirá el impacto de los impuestos en bebidas azucaradas en Chile, liderado por el Dr. Cristóbal Cuadrado, académico del programa Políticas, Sistemas y Gestión en Salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y realizado junto a investigadores del Centre for Health Economics de la Universidad de York, Universidad Católica y Universidad de Santiago.
Suhrcke es profesor de Economía de Salud Global del Centro de Economía de la Salud de la U. de York y es parte del proyecto que medirá el impacto de impuestos en bebidas azucaradas en nuestro país. Parte fundamental de su investigación gira en torno a los aspectos económicos de la salud pública en los países de ingresos bajos y medios, que incluye micro y macro consecuencias económicas de la salud.
-¿Por qué las políticas fiscales podrían ser una estrategia útil para mejorar la prevención y promoción de la salud?
-Si los comportamientos no saludables, como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la inactividad física y la alimentación no sana, son más baratos que los comportamientos más saludables, las personas serán más propensas a participar en ellos. Una forma prometedora para mejorar los comportamientos de salud es haciendo que las opciones no saludables sean más caras y que las opciones saludables sean más asequibles. La política fiscal tiene el potencial para lograr precisamente eso, ya sea a través de impuestos a los bienes de consumo no saludables (por ejemplo, tabaco o alcohol, bebidas endulzadas con azúcar) o mediante la subvención de productos más saludables (por ejemplo, la concesión de subvenciones para las frutas y verduras, el acceso subvencionado a las instalaciones deportivas).
Y agrega que “aparte de las razones de salud obvias, existe una buena lógica económica detrás del uso de políticas fiscales para mejorar los comportamientos de salud de esta manera, lo que los economistas llaman ‘externalidades negativas o efectos externos negativos’. Es decir, los comportamientos en salud hacen daño a otras personas que no participan directamente en ellos. El ejemplo clásico es el daño que sufren los fumadores pasivos; hay muchos otros como terceros afectados por accidentes provocados por conductores ebrios, o los costos de salud atribuibles a la obesidad, que impactan en individuos no obesos en forma de primas de seguros de salud más altos y mayores impuestos. Como muchos (aunque no todos) los comportamientos de salud deficientes son más prevalentes entre los sectores pobres que en los sectores ricos dentro de un mismo país, pues las personas sin recursos tienden a ser más sensibles a los incentivos de precios. Entonces las políticas fiscales tienen el potencial no sólo para mejorar la salud general de la población, sino también de reducir las desigualdades en salud entre ricos y pobres”.
-¿Cómo la economía de un país podría beneficiarse de la inversión en la prevención de las Enfermedades No Trasmisibles (ENT)?
-Hay varios beneficios económicos potenciales: Primero, desde un punto de vista gubernamental o proveedor de atención médica estatal: una población más sana implicará invertir menos recursos sanitarios en el tratamiento médico -posiblemente caro- de enfermedades crónicas (es decir, ENT), y esos recursos estarán disponibles para otros usos en el sector salud o en la sociedad en general.
Segundo, desde la perspectiva de la persona, no sufrir una ENT en la mayor parte de la vida implicará aumentar la productividad individual en el mercado de trabajo, lo que debería traducirse en mayores ingresos y, en última instancia, sobre la renta.
Desde una perspectiva social, alguna evidencia también sugiere que las economías menos afectadas por la mortalidad y morbilidad de las ENT son más propensas a tener mayores tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Cuando se habla específicamente acerca de los beneficios económicos de las políticas fiscales en relación a los impuestos a los productos no saludables, existe una ganancia fiscal inmediata para el Estado en términos de aumento de ingresos, los se puede pueden invertir en una amplia gama de sectores, sean estos de salud u otros.
El académico enfatiza que “los tomadores de decisión se enfrentan al reto de decidir en situaciones de incertidumbre acerca de lo que realmente funciona para mejorar el bienestar de la población. Hay pocas políticas (o ninguna) que haya logrado la máxima eficacia en todas las circunstancias, por lo que siempre hay un margen para hacer mejor las cosas”.
Y afirma que: “la evaluación del impacto pretende ofrecer información para ayudar a mejorar el diseño de programas y políticas. Además de proporcionar una mejor rendición de cuentas, las evaluaciones de impacto son una herramienta para el aprendizaje dinámico, lo que permite formular políticas para mejorar los programas en curso y, en última instancia, una mejor asignación de los fondos a través de los programas. De esta forma, la información generada por las evaluaciones de impacto apoya decisiones sobre la conveniencia de ampliar, modificar o eliminar una política o programa en particular y se puede utilizar en la priorización de las acciones públicas. Además, las evaluaciones de impacto contribuyen a mejorar la eficacia de las políticas y programas, abordando las preguntas: ¿El programa está destinado a lograr el objetivo?; en caso de que este programa piloto escale hacia arriba, ¿se debe continuar este programa a gran escala?; ¿los cambios se explican por la implementación del programa o son el resultado de otros factores que ocurren simultáneamente?, ¿los impactos del programa varían en los diferentes grupos de beneficiarios (hombres, mujeres, personas en desventaja social, regiones)?; ¿hay efectos no deseados del programa, ya sea positivo o negativo?; ¿qué tan efectivo es el programa en comparación con intervenciones alternativas? y ¿el programa vale la pena por los recursos que cuesta?”.
Los estudios del profesor inglés han estado ligados a la evaluación económica de las intervenciones de salud pública, la medición de las desigualdades socioeconómicas y determinantes de la salud, y evaluación del impacto político empírico. Su trabajo ha sido financiado por el Banco Mundial; la OMS; la Comisión Europea; Department for International Development; el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria; el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades; Instituto Nacional de Derechos Humanos y Medical Research Council, entre otros.
Por Sandra Vargas Bravo