El día 4 de octubre del 2018 a las 4:00 hrs. de la madrugada, en Valparaíso fue encontrado sin vida el cuerpo de Alejandro Castro, dirigente sindical de los pescadores en Quintero y uno de los líderes de las movilizaciones sociales del último mes, a raíz de los episodios de contaminación en la zona.
El cuerpo fue encontrado suspendido de una reja ubicada a un costado de la vía férrea, en la intersección de avenida Errázuriz con Carrera, por trabajadores del Metro de Valparaíso. En una primera instancia, la Policía de Investigaciones (PDI) informó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento, tratándose de un suicidio que Alejandro había realizado con un tirante de su mochila, descartando la participación de terceros. Horas más tarde, la misma PDI informó que se realizará una nueva investigación, dada la confirmación de que la víctima habría recibido supuestas amenazas de muerte.
Incluso hasta el día miércoles 3 de octubre, Alejandro participaba en una marcha realizada en Valparaíso, convocando a la población y organizando activamente las movilizaciones. Entre la población que rodeaba a Alejandro, sus amigos y familiares, surge un clima de desconcierto e impotencia, ya que quienes lo conocieron, aseguran que Alejandro era un férreo luchador por los derechos de las personas, y amante de su vida, de sus actividades sociales y de las personas con las que día a día se organizaba.
El desconocimiento de las causas de la muerte de Alejandro, inevitablemente nos recuerdan otros actos de violación a los derechos humanos ocurridos en democracia, como es el caso de Macarena Valdés, Juan Pablo Jiménez, Berta Cáceres y Santiago Maldonado, que hasta el día de hoy permanecen impunes por los gobiernos de América Latina.
Hoy, 5 de octubre, conmemoramos los 30 años del triunfo del NO en el plebiscito de 1988, y sin embargo hechos como éste nos demuestran que aún en Chile se vulneran los derechos humanos por parte de los poderes fácticos y que el derecho a la organización y manifestación social están a merced de los grandes grupos de poder políticos y empresariales.
Como estudiantes del Magíster de Salud Pública repudiamos abiertamente los hechos de violación a los derechos humanos bajo cualquier tipo de gobierno, especialmente aquellos en que el poder económico se impone con violencia, asesinando, amedrentando y reprimiendo a las personas que se organizan y luchan para que se respeten los derechos de las comunidades, tales como el derecho a vivir en un entorno físico saludable y libre de contaminación. Exigimos el deber de investigar a fondo las causas de la muerte de Alejandro Castro por la autoridad pertinente y transparentar los resultados a la sociedad.
Así también, repudiamos el hecho de que en Chile se condene a algunas comunidades a vivir en zonas de sacrificio ambiental, privilegiando los intereses de grupos empresariales, en detrimento del bienestar de las comunidades, restringiéndoles los derechos y capacidades que tienen de disfrutar plenamente su vida y por lo tanto de su salud.
Instamos a las comunidades científicas, políticas y sociales, a que permanezcan alerta y organizadas para que nuestras acciones permitan defender los derechos de las personas y especies que habitan el territorio nacional, con un enfoque democrático y de determinantes sociales.
Santiago, 5 de octubre de 2018
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