El cambio climático ha sido estudiado por científicos e investigadores a través de distintas perspectivas y disciplinas en las últimas décadas. Por una parte, están aquellas investigaciones que centran su atención en la emisión de gases invernaderos y las consecuencias en términos de impactos medioambientales (ecosistemas y biodiversidad).
Pero por otra, quizás menos difundidas, se encuentran aquellas que hacen énfasis en los aspectos sociales, culturales y económicos del cambio climático tales como la agricultura, migración, salud y alimentos.
Gracias a estos, sabemos que el 20% más rico del mundo es responsable por más del 60% de los efectos del gas invernadero (Levy & Patz, 2015), y lo que más grave, los efectos del cambio climático impactan con mayor fuerza a las regiones más desventajadas (Asia, África y América Latina) y a los grupos más vulnerables (mujeres, niños y comunidades indígenas).
Esta distribución desigual de las consecuencias del deterioro ambiental puede ser explicada principalmente por tres factores: a) la exposición a zonas geográficas de altas temperaturas b) la excesiva dependencia económica de la agricultura y de recursos naturales c) falta de acceso a bienes y servicios privados (aseguramiento, relocalización). Adicionalmente, los países más pobres y los grupos más marginados cuentan con menor capacidad de adaptación y recursos para recuperarse de los efectos del cambio climático. En este sentido, el cambio climático es antes que todo un asunto ético que se sustenta en desventajas estructurales que afectan mayormente a los grupos y países antes mencionados. Estas desventajas estructurales se expresan en un amplio rango de posibilidades desde la exposición a los peligros medio ambientales (80 veces más en países en desarrollo) hasta la forma en la cual los países ricos imponen sus términos en las negociaciones de cambio climático llevadas a cabo en Naciones Unidas (Okereke, 2010).
Por ello, es fundamental abordar el cambio climático desde una perspectiva de justicia social que permita a las comunidades más vulnerables y países marginados tener los instrumentos y el acceso a políticas públicas que permitan acortar las brechas antes mencionadas. Esto quiere decir que es fundamental que el cambio climático no sea ocupado como chivo expiatorio para evitar abordar las vulnerabilidades estructurales que afectan a los más pobres de todos.
Ignacio Silva Santa Cruz
Docente Escuela Salud Pública U. de Chile
MSc Global Health and Developmente- University College London
