Texto actualizado 29 octubre.
En estos días hemos sido testigos del surgimiento y desarrollo (evolución) de un movimiento transversal en la sociedad chilena, que atraviesa todos los sectores socioeconómicos, que es contagioso, masivo, y diverso en sus manifestaciones. Hemos visto los actos de violencia que han destruido propiedad pública privada, incluyendo varias líneas del Metro. Hemos visto una lenta respuesta del gobierno y un actuar represivo de las fuerzas militares y de orden del Estado que estando en un Estado de derecho han violado derechos humanos fundamentales y dañado la salud de la población.
Ha generado sorpresa y asombro el curso tan rápido de los acontecimientos y la multiplicación y diversificación que va adquiriendo este “movimiento”.
Podría afirmarse que esta explosión ha configurado un punto de infleximomentum, uno de esos puntos de inflexión que tienen todas las sociedades, y a partir del cual, se puede empezar a “hablar” de un antes y un después.
Somos una sociedad que, de fondo, le está exigiendo a sus autoridades y políticos que logren articular las transformaciones normativas, jurídicas e institucionales para generar los caminos hacia las profundas transformaciones que nos merecemos para reducir las injusticias sociales en nuestro país.
Este movimiento, este #ChileDespertó #ChileSeCanso #ChileDespierta es un movimiento por y para la creación de un nuevo pacto social. La génesis de la creación de un nuevo principio normativo que nos debe regir, un pacto social basado en la justicia social, la dignidad y la solidaridad. Así como en el respeto por los derechos y la seguridad social.
Un nuevo pacto social que exige participación, transparencia y mecanismos permanentes de resguardo a la probidad de las distintas instituciones del Estado.
Este pacto social, este acuerdo “normativo” debe establecer los nuevos límites de lo que consideramos justo y digno en ámbitos vinculados con la salud, la educación, el trabajo, el transporte y la vivienda.
Tenemos que fijar los nuevos límites de lo que consideramos condiciones de vida justas y dignas para cualquier habitante de nuestro país, en el monto de las pensiones, en las condiciones y calidad de la atención en salud, en el tipo de educación recibida, en los salarios y condiciones de trabajo, así como en la protección y seguridad ante las situaciones de enfermedad y fragilidad. Un pacto social que enfrente decididamente las inequidades territoriales, las condiciones del entorno físico en el que nos desenvolvemos, incluido el transporte y los espacios públicos, en el territorio donde vivimos. Allí tenemos graves y profundas inequidades, en términos de extensión de áreas verdes, iluminación, seguridad pública, condiciones de las calles, y calidad y condiciones de salud y educación entre los distintos municipios del país.
En otras palabras, estamos hablando de un acuerdo social que termine con los abusos sistemáticos y estructurales que vivencian las personas en el transcurrir de su vida cotidiana.
Para terminar con estas inequidades, con esta injusticia social, necesitamos cambios estructurales, que se inicien con una Nueva Constitución que exprese los valores que queremos que rijan nuestro actuar social e institucional, así como las garantías y derechos protegidos por el Estado y la forma en que este los protege.
Necesitamos generar las bases institucionales de un Estado e instituciones públicas de calidad, basadas en la dignidad y el respeto a las personas y protección de sus necesidades. Necesitamos fomentar una sociedad civil solidaria y justa. Necesitamos generar las condiciones, las prácticas y los sentidos para volver a creer en lo público, en la importancia de lo público.
La equidad social ya muy documentada como uno de los grandes determinantes de la salud de las poblaciones, es el camino que nos puede llevar a sanarnos como sociedad.
Publicación original Radio Universidad de Chile 24 de Octubre
