La seguridad vial en Chile es muy compleja de abordar por su componente multicausal. El crecimiento del parque automotriz, que asciende a más de 6 millones de vehículos, junto a un aumento de nuevos modos de transportes, sumado a las conductas riesgosas, infraestructura vial deficiente y una fiscalización débil, evidencian que necesitamos avanzar en acciones concretas que logren responder a este escenario.
Según la Organización Mundial de la Salud, el exceso de velocidad cobra cada año 400 mil vidas en las carreteras de todo el mundo, atribuyéndose el 50% de los siniestros viales en los países de bajos recursos y el 30% en países de altos recursos. Es en este escenario donde la implementación de tecnología resulta clave para reducir las estadísticas.
Las primeras cámaras de control de velocidad, utilizadas en el Reino Unido desde 1964, se convirtieron en una herramienta eficiente de apaciguar el tránsito, combinando mecanismos para medir con precisión la velocidad y funciones que recopilan pruebas del móvil infractor, con el fin de modificar conductas riesgosas y totalmente prevenibles.
Esta lógica justamente es la que recoge el Proyecto CATI, moción que ingresó en 2014 a tramitación en el Congreso Nacional, con el objetivo de robustecer la fiscalización de la Ley de Tránsito, en particular los excesos de velocidad, que es la principal causa de muertes viales en Chile. La idea es construir un sistema que apoye la fiscalización exclusiva de Carabineros en este aspecto, entendiendo que hoy en día este método de seguimiento análogo solo detecta 3 de las 10 mil infracciones por esta causa.
Esta columna no pretende abordar elementos propios del proceso de fiscalización, de las multas ni de la lógica perversa de recaudación de los antiguos fotorradares, que sólo generaron argumentos en contra y que no ayudaron a tramitar el Proyecto CATI en casi 10 años. Pero es importante aclarar que el destino de los fondos recaudados por este Centro Automatizado de Tratamientos de Infracciones, a diferencia de lo anterior, se dividirá en un 85% para beneficio fiscal y 15% al Fondo Común Municipal.
Después de mucho tiempo, hoy estamos muy cerca de concretar este proyecto. Sin embargo, necesitamos el compromiso transversal de nuestros legisladores para lograr su aprobación. Desde las organizaciones de la sociedad civil estamos convencidos que trabajando en conjunto por el objetivo de salvar vidas, podremos lograr las metas propuestas en seguridad vial y conseguir calles seguras para las personas.
