“Derechos Sociales: el debate que se espera” se tituló la tercera y última mesa del ciclo de foros constituyentes organizados por la Universidad de Chile, en el marco del proceso constitucional en desarrollo. La actividad, a la que también asistió la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, contó con la participación de Óscar Arteaga, médico y director de la Escuela de Salud Pública U. de Chile; Pilar Moraga, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho U. de Chile y subdirectora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2; Yasna Contreras, académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo U. de Chile; y Patricia Silva, abogada y directora Nacional del Trabajo. La moderación de la mesa, en tanto, estuvo a cargo de Ximena Póo, académica de la Facultad de Comunicación e Imagen y coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas U. de Chile.
En el preámbulo a la discusión, la profesora Póo señaló que “en el texto que emana de la Comisión de Expertos se aprobaron cinco derechos sociales y también un nuevo catálogo de deberes. Esto es una novedad dentro de lo que se aprobó en esta Comisión y ahora se tiene que discutir". Destacó, asimismo, que una cosa “importante que quedó establecida desde la Comisión de Expertos es que Chile será un Estado Social y Democrático de Derecho, algo novedoso en relación con la Constitución vigente hasta hoy. Además, se aprobó el marco general de los derechos sociales, los que se agrupan en el artículo 24, donde se establece que el Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación”.
El Dr. Óscar Arteaga, en tanto, abordó particularmente el derecho a la salud, el cual definió como "algo bastante más amplio que solo la atención de salud, la atención médica. Y más amplio también que la organización del sistema de salud (…) En el artículo 19 del capítulo tres de la Constitución de 1980, se establece el derecho a la protección de la salud. Y lo que se señala explícitamente es que el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación del individuo. Entre sus acápites, el más conocido probablemente es el cuarto, que dice que cada persona tendrá derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse. Sea estatal o privado”.
En relación al actual anteproyecto de Carta Fundamental, el académico agregó que “comparado con esto, la propuesta de la Comisión Experta, en su sección de Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes, establece el derecho a la protección de la salud en sus dimensiones físicas, mental y social, que ya le da bastante más amplitud”.
Por su parte, la profesora Pilar Moraga se refirió a la tensión entre lo que señala la actual Constitución con la propuesta de la Comisión Experta en materia medioambiental. De esta forma, recordó que la Constitución de 1980 consagra el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, articulado que en su momento fue considerado como innovador. Al respecto, explicó que “esto obedece no a la creatividad única chilena, sino a un movimiento y una tendencia internacional en los textos constitucionales de esos años -a fines de los 70 y principios de los 80- de incorporar el derecho de vivir en un ambiente sano. Adicionalmente, se consagró la acción constitucional de protección en caso de vulneración de este derecho consagrado en el artículo 19, número ocho”. Sin embargo, agregó Moraga, esto “no tuvo mucha eficacia o mucho rendimiento ante los tribunales hasta el año 2013, aproximadamente, con un caso muy emblemático de la región de Valparaíso; el caso Campiche, que era una termoeléctrica”.
Sobre la actual propuesta constitucional, Pilar Moraga indicó que “la Comisión Experta lo que nos propone al respecto es retomar este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, tal cual. Con esa nomenclatura. Pero agrega ‘y el derecho a vivir en un ambiente sano’. Y creo que eso ya denota un poco también la tensión conceptual existente en el proceso. Porque, por qué tenemos tanto miedo de abandonar el ‘libre contaminación’, cuando ya sabemos que el contenido que se le ha dado a esto es el de vivir en un ambiente sano. Todavía ahí hay un cierto resabio y resistencia a dejar ese lenguaje que se utilizó en los años 80 y que no corresponde en nada a la situación ambiental ni climática que está viviendo el mundo, ni Chile”.
La profesora Yasna Contreras, por su parte, comenzó abordando el reconocimiento del Estado Social Democrático en el articulado. "Eso a mí me da cierto alivio porque incorpora dentro de este una dimensión clave en torno a la participación. Y yo ahí creo que puede haber luces respecto a la materia que voy a tratar”. De esta forma, planteó, “primero, yo me posiciono desde la complejidad que reconoce este avance de las iniciativas en cuanto a la revisión de las normas constitucionales, en reconocer la dignidad humana como base de derecho y justicia. Eso me parece que es clave, que de alguna manera en el documento anterior, el que se estaba trabajando, resultó significativo. Y dos, define la dignidad como principio articulador del derecho y del actuar del Estado”.
La académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo profundizó que “eso no evade los temores que plantean ustedes desde la responsabilidad y los deberes que va a tener el Estado y cómo vamos a garantizar el imperio de los derechos. Mi primera reflexión en cuanto a este avance del reconocimiento del derecho a la vivienda es que entra en diálogo también con el derecho al trabajo, con el derecho a la educación, con el derecho a la salud, con el derecho a un territorio libre, saludable, para que no se vean cada uno de estos derechos como dimensiones separables, que era un poco la autocrítica que yo hago de los procesos anteriores en los que participé”. Además, indicó, “mi principal preocupación, en términos de cómo el derecho a la vivienda se va a traducir después territorialmente, es cuáles son los pisos mínimos que debiésemos consensuar, y en los cuales cualquier ser humano debería participar, para definir qué es una vivienda digna, una vivienda adecuada, una vivienda saludable”.
Finalmente, la abogada Patricia Silva agradeció la invitación a pensar en el Chile que queremos a través de una discusión abierta y con distintas miradas, en particular en lo que “es el ámbito del trabajo, que -en lo personal- creo que es algo más allá de un derecho social”. Sobre este punto, indicó que “es un tema que precisamente está en el centro del conflicto social básico, que es el capital/trabajo. Por lo tanto, estamos todos aquí, somos todos trabajadores, trabajadoras, no importa la jerarquía, ni cuál es nuestro trabajo, si es formal o informal, en fin, público o privado. El mundo del trabajo nos acompaña desde siempre, desde que salimos a la acción pública, de la casa a ejercer nuestra profesión, nuestro oficio. Y, por lo tanto, hablar del trabajo y hablar de este Chile que queremos está absolutamente imbricado, o sea, no tener una definición clara de cómo queremos moldear nuestra sociedad en base a cómo está ordenado y está organizado el trabajo es impensable”.
El encuentro concluyó con una ronda de preguntas del público, donde se sumó la Rectora Rosa Devés a la conversación con los panelistas y asistentes. Para todas y todos los interesados en profundizar en los temas discutidos en el ciclo abierto “Universidad de Chile y sus diálogos constituyentes: Por una Constitución de todos y todas”, las distintas mesas fueron transmitidas por Uchile TV y los Media Partners Cooperativa.cl y Radio Universidad de Chile. Además, en Constituyente.uchile.cl existe información sobre cada foro, participantes y temas tratados.
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