SEÑOR DIRECTOR:
La reformada Ley 21.364 sobre comercialización de alcoholes aprobada en 2021 y cuya tramitación duró más de 10 años, podría ser modificada en tan solo unas semanas sin mediar discusión técnica con actores relevantes de la salud. El Senado, en la Comisión de Agricultura, aprobó recientemente modificar su artículo 42, echando pie atrás y revirtiendo el requisito universal de identificación para comprar alcohol.
La literatura científica es categórica: el alcohol es una sustancia que produce cáncer, es adictiva y daña a terceros. En nuestro país sus costos sociales superan muchas veces la recaudación de su impuesto específico, generando una enorme brecha de externalidad social negativa al país.
La falta de rigor técnico, la ausencia de actores de salud (Senda, Minsal y expertos de la academia) en la discusión parlamentaria actual, no está a la altura de lo que nuestro país merece.
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