La perentoria solicitud del parlamento al gobierno, vía ley corta, de tener una propuesta de reforma de la salud para el 1 de Octubre, en consideración a que hay temas pendientes que resolver en la materia, nos ha llevado a que por estos días se materialice de nuevo la discordia en boca de sus conocidos protagonistas: fondo de compensación de riesgos versus fondo único, como destino posible de las cotizaciones en un escenario donde se busca eliminar preexistencias y tarificación por riesgos. Las cotizaciones serían el “coto de caza” de la disputa entre especialistas que pueblan medios de comunicación físicos y virtuales, presos de la polarización política, y hay incluso quienes proponen eliminarlas como fuente de financiamiento de la seguridad social en salud, como el sofá de don Otto.
Pues bien, hágase lo que sea, pero hágase de una vez por todas.
Propongo una ley más corta que la anterior, con un solo artículo, que establezca que a contar de determinada fecha todas las agencias que administren cotizaciones de salud deberán eliminar las preexistencias y no podrán tarificar en función de los riesgos. Fonasa ya lo hace. Punto final.
El verdadero problema que enfrentamos son los tiempos de espera que se materializan sin cesar en el sistema de salud, en este caso, en el sistema público. Siguen ahí, con leves fluctuaciones, salvo las que se verificaron pospandemia, que han sido un poco mayores, a lo que debe agregarse el efecto de complejización de los casos, ahora acompañados de patologías crónicas que dejaron de controlarse en su debido momento.
Este es un problema de larga evolución, el mismo de siempre, a pesar de tratarse de un sector cuyos presupuestos han crecido significativamente en las últimas décadas. Y es un problema que con toda seguridad es el que mas importa a la gente, que espera por meses para obtener el servicio que necesita, en ocasiones en la mayor incertidumbre pues ni siquiera sabe cual es su diagnóstico, como ocurre en el caso de la demanda por consultas nuevas de especialidad. Una auténtica desgracia. Pero no hay señales de reformas en este caso. ¿Será que habremos perdido el ímpetu transformador?
Producto de la necesidad de acoger a quienes provienen desde las Isapres ha surgido la idea de la cobertura complementaria, cuya materialización obra en manos de Fonasa. Esto es en la práctica un fortalecimiento de la Modalidad de atención de Libre Elección (MLE) y en muchas ocasiones operará como una potente válvula de escape para los beneficiarios del sistema público que están en las listas de espera. Bien me parece esto último, pero si acaso fuese el camino ¿representa esto un abandono de la preocupación por lo que ocurre en la red asistencial pública, en particular con las listas de espera?. Sabemos que el gobierno promueve, por otra parte, la Atención Primaria Universal y la incorporación en el algoritmo sanitario de las determinantes sociales.
También esto perfila muy bien, qué duda cabe. Pero ¿y las listas de espera? ¿Hemos de compadecernos con este infortunio que afecta masivamente a nuestros compatriotas -evito decir a los más pobres- que a lo mejor ya no pueden esperar? Por lo pronto, las irregularidades detectadas en algunos hospitales sobre la materia han generado un espacio público para que los actores políticos salten al ruedo, pidiendo incluso la renuncia al Subsecretario de Redes Asistenciales. Habrase visto. Cuando todo este asunto vuelva a la calma, investigaciones mediante, las listas de espera seguirán ahí, como el dinosaurio del cuento corto de Augusto Monterroso.
Así las cosas, surge la pregunta de fondo ¿llevaremos al parlamento el 1 de Octubre propuestas de reformas sustantivas a la Modalidad de Atención Institucional -la que ocurre en la red pública- o seguiremos devanándonos los sesos exclusivamente con el destino de las cotizaciones?
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