En el Día Mundial de la Alimentación -este 16 de octubre- y bajo el lema 2024 "La alimentación es un derecho", proponemos que el indicador sobre el que se construye el instrumento de medición de la pobreza debe subir su estándar, y establecer una canasta básica de alimentos saludable.
El derecho a la alimentación es el derecho a disponer y acceder (física y económicamente) a alimentos inocuos, saludables y nutritivos, respetando su cultura y tradiciones, para que las personas puedan vivir una vida sana y activa.
Desde los años '70 del siglo pasado, las canastas básicas de alimentos (CBA) han servido como referencia para evaluar si los hogares poseen suficientes recursos económicos para adquirir los alimentos mínimos que satisfagan sus necesidades. Estas canastas se definen a partir de los patrones de consumo observados en la población de referencia, e intentan establecer un criterio objetivo para la medición de la pobreza. Siguiendo los trabajos de la década de 1960 de la economista Mollie Orshansky, existiría una relación entre una dieta mínima nutricionalmente saludable y la medición económica de la pobreza.
En Chile, desde fines de los años '80, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia construyen la CBA sobre la base de la Encuesta de Presupuesto Familiar (EPF), que mide el gasto que realizan los hogares, incluyendo los alimentos adquiridos en el mercado. A partir de esta información se identifican las cantidades, su aporte calórico y de nutrientes, para determinar el valor de una dieta mínima que cubra los requisitos establecidos como nutricionalmente saludable.
Producto de los avances en el conocimiento científico, lo que se considera como nutricionalmente saludable es algo en constante evolución. En el caso chileno, por ejemplo, desde 2014 la CBA excluye los bebestibles alcohólicos y disminuyó algunos alimentos con alto contenido de azúcares con una perspectiva de salud pública, en atención a las altas cifras de obesidad de nuestra población.
Países como Brasil y México recientemente han revisado su CBA con esta misma perspectiva de salud pública y con la intención de constituir una CBA que oriente políticas públicas y que se base en los alimentos recomendados en las guías alimentarias poblacionales y en recomendaciones internacionales, con el afán de visibilizar si la población tiene acceso económico a la dieta saludable recomendada.
Aunque el objetivo de la CBA no es ofrecer recomendaciones de consumo de alimentos con fines educativos, sí debe proporcionar un equilibrio nutricional y una calidad alimentaria adecuada. Actualmente, la CBA en Chile se evalúa en términos calóricos y el aporte porcentual de proteínas, carbohidratos y lípidos, pero deja de lado otras recomendaciones de salud pública como las que entregan las guías alimentarias sobre aumentar el consumo de frutas y verduras, legumbres, pescado y agua, y disminuir o eliminar la ingesta de alimentos no saludables. Así, por ejemplo, aunque se base en los hábitos alimentarios de la población, podría modificarse para cubrir brechas nutricionales, pero también entre el consumo observado de algunos alimentos como frutas y verduras, y las recomendaciones nacionales e internacionales; o al revés, adecuarse para bajar excesos y reemplazar alimentos no recomendados de consumo habitual. Algunos también recomiendan excluir los alimentos consumidos fuera del hogar, en restoranes o similares y reemplazarlos por alimentos preparados en casa.
Organismos internacionales refieren que, en la medida en que el costo total de referencia de la CBA permita la adquisición de diferentes productos con un mejor perfil nutricional, las modificaciones normativas de los alimentos a incluir no son relevantes para la medición de la pobreza.
En esta perspectiva, es recomendable eliminar de la CBA productos ultraprocesados de mala calidad nutricional y reemplazarlos por alimentos recomendados en guías alimentarias como frutas, verduras, legumbres, pescados y agua. La concordancia de una CBA con estándares actualizados de calidad nutricional no solo da cuenta de una mayor coherencia intersectorial de la política pública, sino que abre la posibilidad de pensar e implementar políticas públicas que busquen mejorar el acceso de toda la población a una CBA saludable.
Dra. Lorena Rodríguez Osiac, directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Coescrita con Daniel Egaña Rojas, antropólogo social, ambos miembro del Grupo Trandisciplinario para la Obesidad de Poblaciones (GTOP) de la Universidad de Chile.
