En el 2011 empasté con tapas duras, según el estándar, el documento con el desarrollo y los resultados de mi tesis de grado del doctorado de Salud Pública. El tema fue el subsidio por incapacidad laboral por enfermedad común, vulgarmente conocido como “licencia médica”, que en la práctica es el documento emitido por un médico que da sustento a lo primero.
Al respecto algo publiqué hace unas semanas, antes de que la Contraloría General de la República hiciera público el tema de los viajes al extranjero de personas que se encontraban con licencia médica. La motivación que tuve en ese momento para escribir sobre la materia surgió del inserto del Colegio Médico a página completa en los diarios El Mercurio y La Tercera, manifestando allí el gremio su disconformidad con la fiscalización que se estaba realizando, en un tono sorprendentemente duro.
Ahora bien, el diagnóstico en los tiempos de mi tesis era que el sistema tenía una laxitud tal que se prestaba para usos distintos de aquellos para los que había sido originalmente concebido, usos que los “usuarios” no experimentaban como irregulares. Simplemente el recurso estaba ahí. Tal vez el uso de licencias para tomar vacaciones en el extranjero es una versión extrema del mal uso, pero mucho más voluminoso es el “ajuste sencillo”, la pequeña licencia imperceptible que permite acomodar ciertas necesidades menores, muchas veces apelando a la generosidad médica. Esto es finalmente lo que más suma en el exceso de gasto por uso de licencias y sacude fuertemente y de manera creciente los presupuestos de los aseguradores público y privados, Fonasa e isapres.
Valorando lo obrado por la Contraloría y sin ninguna objeción a su aproximación metodológica, hay un sesgo no buscado ex profeso, supongo yo, que resulta de que el cruce de licencias con viajes al extranjero se realizó sobre una población de funcionarios públicos, que sería el ámbito de acción de la Contraloría en este caso. Pero bien pudo mirar la Contraloría desde la perspectiva del asegurador, Fonasa, que es donde se produce el impacto del mal uso en el presupuesto público. De haber sido así, la muestra habría arrastrado a funcionarios del sector privado y muy probablemente los hallazgos habrían sido más o menos los mismos.
Sin embargo, no fue así y de nuevo la “lava estigmatizante” cayó sobre los funcionarios públicos y al respecto yo ya he venido resintiendo y manifestando en mis columnas mi malestar por el estigma de improductividad e ineficiencia que se ha venido consolidando respecto de los hospitales públicos. Me duele todo esto, porque administro un hospital público y me duele la noticia de que funcionarios públicos viajan al extranjero mientras hacen uso –mal uso en este caso– de una licencia médica. Mala noticia. Yo tengo 22 casos en el hospital, 15 vigentes, todos bajo sumarios administrativos, como corresponde.
Pero me pregunto: ¿acaso somos los funcionarios públicos los malos de esta película?, ¿solo los funcionarios públicos? Me temo que no, me temo que el mal uso de la licencia médica es un asunto mucho más generalizado, que compromete a todos los miembros de la sociedad, independientemente de donde trabajen.
