La fiscalización que la Contraloría General de la República (CGR) ha desplegado en torno a las licencias médicas constituye una acción necesaria y pertinente. La evidencia acumulada desde hace años sugiere que existen irregularidades tanto en la prescripción como en el uso de este instrumento, lo que afecta la sostenibilidad financiera del sistema y erosiona la confianza pública. Que la autoridad actúe en esta materia, por tanto, resulta ineludible.
Sin embargo, la forma en que el fenómeno ha sido instalado en el debate público merece una revisión crítica. La narrativa dominante ha reducido un problema complejo a la caricatura de la “frescura”, situando a todo trabajador con licencia bajo sospecha y planteando que la solución pasa por la sanción ejemplar o incluso por la destitución masiva.
Esa simplificación puede ser funcional al espectáculo mediático, pero distorsiona la comprensión de un problema que es, ante todo, de política pública y de seguridad social.
La licencia médica no es un privilegio discrecional ni un beneficio secundario: es una herramienta de protección social que responde a un triple objetivo. En primer lugar, resguardar la salud individual, permitiendo un reposo clínicamente indicado. En segundo lugar, proteger la estabilidad laboral y los ingresos del trabajador en situaciones de incapacidad. Y en tercer lugar, prevenir riesgos colectivos, por ejemplo, evitando la propagación de enfermedades transmisibles. Desde esa perspectiva, evaluar su funcionamiento únicamente bajo el prisma del gasto o del eventual abuso es conceptualmente insuficiente.
Además, conviene reconocer que, en la práctica, el uso de licencias médicas en Chile ha funcionado también como un mecanismo de compensación frente a déficits estructurales del sistema de seguridad social y del mercado laboral.
La ausencia de políticas robustas de cuidado infantil y de adultos mayores, la limitada disponibilidad de días administrativos o permisos laborales flexibles, la precariedad en el abordaje de la salud mental y la falta de respuestas oportunas frente a situaciones de violencia intrafamiliar son algunos ejemplos. En tales contextos, la licencia médica se transforma en una válvula de escape, ciertamente imperfecta, pero en muchos casos la única disponible para resguardar el bienestar de las personas.
Desde un enfoque de salud laboral, un aspecto crítico ha quedado invisibilizado en la discusión: la abrupta caída en la emisión de licencias médicas, celebrada como un logro, probablemente también ha generado efectos adversos. Es altamente plausible que personas que requerían reposo hayan visto obstaculizado su acceso o, simplemente, hayan optado por seguir trabajando enfermas.
Ese fenómeno, conocido como presentismo, tiene consecuencias relevantes: disminución de la productividad, aumento de complicaciones clínicas, riesgo de contagios en casos infecciosos y, en definitiva, mayores costos para las organizaciones y para el sistema de salud en el largo plazo.
En este escenario, la fiscalización es indispensable, pero debe enmarcarse en un abordaje integral. Ello supone:
- Definir normas claras y consistentes que reduzcan la discrecionalidad.
- Incorporar herramientas tecnológicas para mejorar la trazabilidad y el control.
- Fortalecer las capacidades clínicas y éticas de los profesionales prescriptores.
- Desarrollar políticas de conciliación laboral y de cuidados que reduzcan la presión sobre la licencia médica como sustituto de derechos no garantizados.
- Evaluar sistemáticamente el impacto de las medidas de control, no solo en términos financieros, sino también en salud y bienestar de la población trabajadora.
Más allá de las caricaturas, el debate sobre licencias médicas debe situarse en el marco de la seguridad social y la salud laboral. Solo así se avanzará desde la lógica del escándalo hacia una política pública seria, capaz de equilibrar control, protección y equidad.
