En las últimas semanas, autoridades y políticos de distintos sectores han celebrado con entusiasmo la caída en el número de licencias médicas, especialmente las asociadas a causas psiquiátricas. La Contraloría presenta cifras de fiscalización, los medios replican los titulares y el relato se instala: se está ganando la batalla contra el fraude. Pero ese entusiasmo se sostiene sobre un supuesto falso y una asociación espuria: que toda la disminución de licencias se debe a la corrección de abusos. Ese es un reduccionismo peligroso, que surge de interpretar los números sin comprender la complejidad del fenómeno.
En Chile, el suicidio mata a más personas que el homicidio. Tenemos una de las tasas más altas de depresión posparto del mundo y una creciente demanda de atención en salud mental. En ese contexto, una reducción abrupta del 32% en licencias psiquiátricas no puede interpretarse automáticamente como un éxito, sino más bien como un signo de alarma.
Según las investigaciones de la Superintendencia y la Contraloría, las irregularidades detectadas -en su mayoría incumplimientos de reposo más que fraudes propiamente tales- afectan a una fracción mínima del total de licencias revisadas y de los médicos evaluados. Basar toda una política en ese margen es no sólo desproporcionado, sino injusto. La consecuencia más probable es que, bajo la presión mediática y el temor a ser cuestionados, incluso perseguidos, muchos médicos dejen de otorgar licencias a personas que realmente lo necesitan.
Así, el resultado es una sociedad que enferma en silencio: los médicos se inhiben de prescribir y muchos pacientes se abstienen de consultar por miedo a la sospecha. Avanza el presentismo y se profundiza la desconfianza en la relación entre médico, paciente y Estado.
Resulta paradójico: los mismos que hablan de una "crisis de salud mental" celebran ahora la reducción drástica de las licencias psiquiátricas. ¿Cómo enfrentar las necesidades reales si una de las alternativas terapéuticas más básicas -el reposo- se criminaliza?
Por supuesto que no se trata de defender a quienes abusan del sistema. El control es necesario. Pero un problema complejo requiere soluciones complejas, no simplificaciones punitivas. La respuesta a la sobreutilización de licencias no puede ser el castigo generalizado, sino políticas integrales que aborden las causas de fondo: precariedad laboral, sobrecarga asistencial, falta de redes de apoyo y brechas de acceso a prestaciones preventivas y terapéuticas en salud mental.
