El documento “Hacia un tamizaje auditivo universal en Chile: Garantizando el derecho a la detección temprana de la sordera”, recientemente publicado advierte que la hipoacusia congénita —disminución auditiva al nacer— afecta hasta a 4 de cada 1.000 recién nacidos en el país, siendo la discapacidad neurosensorial más común. Pese a esto, Chile carece de una política nacional que garantice el tamizaje universal, operando actualmente bajo sospecha clínica o coberturas parciales que no aseguran equidad territorial.
En relación con el aporte de este estudio, la profesora Alejandra Fuentes-García académica del Programa de Políticas, Sistemas y Gestión en Salud de la Escuela de Salud Pública, afirmó: “La relevancia de este Policy Brief para la salud pública radica en que aborda la hipoacusia congénita no solo como un problema clínico individual, sino como una brecha estructural del sistema sanitario que impacta el desarrollo, la inclusión social y la equidad desde la primera infancia”.
Desafíos de cobertura y brechas estructurales en el sistema
El documento técnico, desarrollado junto a académicos como Cristián Sánchez, Enzo Aguilar y especialistas de la Sociedad Chilena de Pediatría, propone que el tamizaje sea obligatorio antes del primer mes de vida. Según los autores, aunque el sistema privado y bonos PAD cubren parte de la demanda, persisten desigualdades críticas: mientras algunas zonas del país tienen alta cobertura, otras no superan el 40%.
Sobre el impacto esperado de esta política en la estructura sanitaria, la profesora Fuentes-García enfatizó: “Al proponer la implementación de un tamizaje auditivo universal con financiamiento, trazabilidad y articulación intersectorial, el estudio contribuye a la prevención de discapacidades evitables, a la reducción de desigualdades territoriales y socioeconómicas, y al fortalecimiento de políticas públicas desde una perspectiva de curso de vida y enfoque de derechos”.
La propuesta de la Universidad de Chile busca que el tamizaje se integre al GES 77, garantizando financiamiento y una cobertura mínima del 95% de los recién nacidos. Esto permitiría no solo detectar la pérdida auditiva a tiempo, sino asegurar el acceso a rehabilitación, programas de lengua de señas y apoyo educativo, eliminando las barreras socioeconómicas que hoy condicionan el desarrollo lingüístico y social de miles de niños y niñas en el país.
