El 23 de septiembre, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile emitió la edición número 21 de su programa radial "Lo Público en Salud" a través de la 102.5 FM. El episodio central se enfocó en la "Seguridad social y seguros de salud: FONASA, Isapres y los desafíos del aseguramiento en Chile", buscando desentrañar cómo se organiza el financiamiento y la protección frente a la enfermedad en el país. Para abordar esta compleja temática, la conducción a cargo de Verónica Zúñiga y la académica Alejandra Fuentes García contó con la participación especial de la Dra. Francisca Crispi Galleguillos, presidenta del Colegio Médico de Santiago y candidata a Doctora en Salud Pública.
En Chile, la organización del aseguramiento de salud se divide principalmente entre FONASA, creado en 1979 como parte de la reorganización del sistema público, y las Isapres, establecidas en 1981 para permitir la administración privada de las cotizaciones. Según detalló la académica Alejandra Fuentes García durante la emisión: "Desde entonces, en Chile conviven un seguro público y seguros privados que no solo administran recursos de manera diferente, sino que también reúnen poblaciones con características y riesgos distintos". Esta segmentación de la población según ingresos y riesgos plantea interrogantes fundamentales sobre la solidaridad y la distribución de recursos en un momento donde el sistema muestra signos de agotamiento.
En la sección la Escuela en la prensa, se destacó la necesidad de modernización sistémica adquiere mayor urgencia frente a la actual crisis de atención. Según un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló que 634.587 pacientes en la Región Metropolitana experimentaron retrasos en su atención de urgencia entre enero de 2024 y mayo de 2025, afectando a recintos como el Hospital Sótero del Río y El Carmen. Frente a este escenario, el Dr. Cristián Rebolledo, jefe del Programa de Políticas, Sistemas y Gestión en Salud, apuntó a un fenómeno crítico denominado el "cierre del flujo", donde los pacientes permanecen estancados en urgencias debido a la falta de camas disponibles para su hospitalización. En esa misma línea, el análisis institucional enfatizó que "el problema no se resuelve culpando a la ciudadanía ni aplicando medidas aisladas, sino fortaleciendo la capacidad de respuesta y la integración de toda la red asistencial".
Por otro lado, los desafíos del aseguramiento también cruzan la perspectiva de género y la salud mental. El programa destacó en la sección "Tesis en 2 minutos" la investigación de Vivian González Pellegrino, la cual evidencia que casi un 64% de las mujeres víctimas de violencia desarrolla Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT). A pesar de esta contundente cifra y de que los trastornos de salud mental representan hasta el 45% de la carga de enfermedad en el país, el TEPT asociado a la violencia machista carece de políticas públicas o cobertura financiera en las Garantías Explícitas en Salud (GES). Todos estos antecedentes nutrieron el diálogo con la Dra. Crispi, evidenciando que el país debe estructurar una reforma profunda que permita que la prevención sea una inversión efectiva, superando la lógica actual de financiar la enfermedad y reaccionar únicamente ante el colapso asistencial.
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