Tras el trabajo realizado por Dr. Yuri Carvajal como editor durante 4 años, en este nuevo número asume como editor el profesor titular, Miguel Kottow, jefe de la Unidad de Bioética, quien afirma que “la orientación de la revista permanece inalterada, así como la intención de reconocer cada vez más que la salud pública ha de ser respetuosa de las ciencias ‘duras’, a tiempo de comprometer su pasión con las disciplinas sociales (…). El cambio de editor no es una voltereta, no es una discontinuidad. Pero un editor dedicado ha de introducir sus propios matices, olores y sabores que lo caracterizan…”.
Desde 1997, esta publicación es un espacio para la difusión y divulgación de la investigación científica en Salud Pública. Editada cuatrimestralmente, la revista brinda la oportunidad a quienes quieran enviar su artículo original para ser parte de esta tradicional edición.
Es así que la necesidad de contar con información epidemiológica sobre salud bucal en la región de Aysén dio vida al artículo “Indicadores de salud bucal de la comuna de Las Guaitecas e Islas Huichas, región de Aysén”, el cual consideró un total de 104 fichas odontológicas para el estudio.
Entre sus resultados, el estudio de Fabián Méndez, Natalie Duffau, Tomás Pincheira y Camila Soto, arrojó que “todos los índices son deficientes al compararlos con los observados a nivel regional, nacional e internacional. El índice de cuidados demuestra una baja eficiencia estimada del sistema de salud odontológico. Ambas comunidades están muy lejos de alcanzar las metas internacionales respecto a salud bucal. El porcentaje de población que no tiene acceso a tratamiento odontológico integral, es muy alto en ambas islas”.
Por su parte el artículo “No adherencia al uso de audífonos en adultos mayores de 65 años. Programa GES, Hospital Carlos Van Buren”, de Corina Farfán, Emma Aguilera, Romina Lecaros, Karen Riquelme, Marilyn Valenzuela y Pamela Manque, se propuso identificar los factores que influyen en el abandono del uso del audífono en beneficiaros que no asisten al tercer control en dicho hospital. “El mayor de los problemas fue la falta y mala calidad de los registros. En los beneficiarios contactados se encontró poco conocimiento acerca del audífono, principalmente en el manejo del volumen (50%) y botón de programas (68,7%), esto sumado a la mala adaptación, lo que se manifestó en la disconformidad de los usuarios, a los cuales por ética se les hizo una re-calibración y citó a control. Por ello, se recomienda modificar la Guía GES para mejorar la adherencia al uso de audífono y el control del programa”, aseguran los autores.
En temas de actualidad, la revista presenta una “Propuesta para una política de desarrollo profesional continuo del recurso médico de la atención primaria de Chile”, del Dr. Camilo Bass, que tiene por objetivo lograr responder integralmente a la necesidad de capacitación y actualización permanente que se requiere. “Aborda de manera separada el ámbito de Formación Médica Continua (FMC) y el de la especialización, considerando que la FMC debería comenzar cuando ingresa el profesional a la APS y efectuarse de manera progresiva según los años de servicio. En cuanto a la especialización, los médicos en la APS deberían contar con la posibilidad de efectuar residencias en las diferentes áreas de la medicina, para que logren desempeñarse posteriormente en las distintas especialidades de este nivel y en el resto de la red pública de salud”, señala el Dr. Bass.
“Ética de la protección y ley Ricarte Soto: de heridas y parches” es otro de los temas de actualidad, escrito por Sebastián Medina y Miguel Kottow, el cual señala que “deja indefinidos los tratamientos de ‘alto costo’, estableciendo intrincados filtros hacia una comisión ministerial que evaluaría la incorporación de patologías dentro del Sistema de Protección. Además, le ley pide una variedad de criterios de sustentabilidad del programa, presenta una tensión insoluble entre las indeterminaciones de terapias de alto costo y los requerimientos de evidencia científica y tiene un tope financiero estatal bastante reducido para lo amplio de su mandato. (…) No estaría ofreciendo una real protección a los grupos vulnerados, sino más bien otro ‘parche’ que poco soluciona la gran herida en materia sociosanitaria que el Estado chileno padece”.
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Sandra Vargas B.
