SEÑOR DIRECTOR
A pocos días de encontrarse disponible el informe de cooperación técnica OPS/OMS, han aparecido diversas reacciones sobre una de las conclusiones más notables del informe: las deficiencias en la entrega de información a las personas y en la comunicación del riesgo hicieron que se generara una alta incertidumbre e indignación por parte de las comunidades afectadas, especialmente hacia las autoridades de gobierno; lo cual derivó en la desconfianza y falta de credibilidad frente a cualquier medida para moderar las consecuencias de la emergencia actual.
No obstante, hay un tema más profundo al observar el problema desde la mirada de la salud pública. Tanto la situación actual como las pasadas, y posiblemente las futuras, podrían haber sido evitadas. La situación ambiental existente en las comunas afectadas tiene décadas de vida y las autoridades ambientales de nuestro país tienen pleno conocimiento de este hecho. Por lo tanto, es imprescindible visualizar y prever las amenazas ambientales que tendrán efectos de corto y largo plazo en la salud de la población.
En este sentido, lo primero es que se revisen las normativas de emisión y de calidad del aire y, al menos, que se cumplan las existentes. La misión OPS/OMS fue enfática en las recomendaciones del componente ambiental: actualizar las normas de calidad, revisar el Plan de Descontaminación que se está generando, establecer un plan de monitoreo para emitir alerta temprana, analizar los datos ambientales junto con los epidemiológicos, entre otras. Varias de estas recomendaciones están contenidas en el petitorio de las organizaciones de Quintero y Puchuncaví a las autoridades, expresadas en un documento del 24 de agosto de 2018.
Jefa de Programa de Salud Ambiental, Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile
