Dentro de las reformas que se plantean como necesarias para disminuir desigualdades sociales, la reforma a la estructura del financiamiento del sistema de salud asoma como prioritaria. En el origen de las desigualdades en el acceso a la salud está un financiamiento a todas luces injusto e inequitativo. Así, el gasto que se realiza en el beneficiario promedio de FONASA es al menos un 30% menor al que se realiza en el sistema ISAPRE, aunque los primeros son notoriamente más costosos, producto de su mayor edad, una mayor proporción de mujeres en edad reproductiva y su peor estado de salud.
La forma evidente de evitar el descreme del mercado es la instauración de un Seguro Nacional de Salud que mancomune las contribuciones de todos los afiliados, más el Aporte Fiscal para cubrir indigentes y personas de menores ingresos. Este seguro universal, permitiría solidarizar ingresos y riesgos sanitarios, para cubrir un Plan de Salud Universal amplio de beneficios. Entonces, este seguro tendrá la posibilidad de que prestadores privados se incorporen a la red de atención en todos los niveles de la atención para garantizar el acceso. Las personas que deseen seguir consultando de forma preferente en prestadores privados fuera de la red y tengan la posibilidad, podrían contratar seguros privados de segundo piso que suplementen las prestaciones del Seguro Nacional. Un sistema de esta naturaleza, permitiría potenciar las eficiencias de los aseguradores públicos (más baratos de administrar y más equitativos vertical y horizontalmente) y las de los prestadores privados (mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades de las personas).
Esta idea es resistida por ciertos sectores de la derecha, que temen que un asegurador único, derive rápidamente en un sólo prestador único estatal. Esto, ciertamente, es una exageración, como lo muestan los sistemas de administración universal pública británicos, canadiense, coreano, australiano, etc. En ellos, los usuarios tienen libertad para atenderse en distintos prestadores, con restricciones basadas en criterios sanitarios, discutidas democráticamente.
Para que esto sea viable en Chile, se necesita una profunda reforma en el sistema de salud. Aunque más del 80% de la población en Chile parecería tener un “Seguro Único”, su funcionamiento es deficiente. No puede pensarse que el actual FONASA sin cambios sustantivos podría ser la base sobre la que se construya el Seguro Nacional de Salud para Chile. Este nuevo ente debiera ser autónomo, libre de captura política y que responda directamente a la ciudadanía. Debe así mismo potenciar su capacidad con una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, que permita que aquello que el asegurador financie sea lo más eficiente en el mercado, a un costo razonable.
Escrita por el Dr. Cristóbal Cuadrado, académico Escuela de Salud Pública; Guillermo Paraje , Escuela de Negocios Universidad Adolfo Ibañez y Juan Carlos Said, Investigador Centro de estudios Horizontal.
Publicado en La Segunda. Ver publicación original aquí
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