En los tiempos que vivimos, la diada ambiente y salud adquiere creciente importancia. Esto no siempre se valora como corresponde, considerando que el medio ambiente en el que viven las comunidades ejerce influencia en su salud de manera integral, generando impactos tanto positivos como negativos. En Chile existen 93 conflictos ambientales activos y latentes, relacionados principalmente con la producción de energía, la minería y el saneamiento. Se ha demostrado que estos vulneran el derecho a vivir en un ecosistema libre de contaminación, así como el de disfrutar de una buena salud física y mental.
A pesar de que se han implementado diferentes estrategias, la contaminación es un problema que ha ido en aumento producto de una desordenada planificación territorial, donde la ciudad densa y mal planeada ha favorecido la dependencia del automóvil. Con esto no sólo han crecido los niveles de polución en las últimas décadas, sino también el sedentarismo, la obesidad y el estrés de la población. Por otra parte, se han generado polos industriales en favor del «progreso» del país, por lo cual las comunidades cercanas a éstos se han visto seriamente afectadas, autodenominándose «zonas de sacrificio».
Otro de los grandes problemas se relaciona con la depredación de los ecosistemas naturales, alterando la relación entre las especies que los habitan y también en su vínculo con las personas. Esta reducción o alteración del hábitat, ha provocado extinciones y que algunos animales hayan iniciado contactos más directos con el ser humano, favoreciendo la aparición de enfermedades zoonóticas, como la que actualmente nos afecta a nivel mundial.
Uno de los aspectos de mayor relevancia en la relación entre medio ambiente y salud es la desigualdad en la distribución espacial y social, tanto de las fuentes contaminantes como de la exposición de las personas. Una vez más, la ciudadanía vulnerable física y socialmente es la que presenta mayores daños. En este sentido, la justicia ambiental se convierte en una manifestación de reivindicación legal, de derechos humanos y de atributos de carácter social, económico, laboral y de desarrollo humano.
Por todo ello, las decisiones gubernamentales y las políticas públicas deben proporcionar una protección primaria de la salud de la población, enfocada en prevenir o reducir al máximo las exposiciones ambientales nocivas, con un enfoque de sustentabilidad. La experiencia internacional muestra la importancia de tomar decisiones políticas basadas en evidencia, situación que en nuestro país se ve limitada debido a la escasez de fondos concursables para impulsar investigaciones que desarrollen nuevo conocimiento científico. Además, muchas de las decisiones políticas están influidas por «necesidades económicas y productivas» del país en favor del «progreso». Como consecuencia, las normativas ambientales son bastante permisivas, desprotegiendo la salud de la población.
El momento constitucional actual brinda una gran oportunidad para plantear que un ambiente saludable es una necesidad básica humana, que debería cumplir con condicionantes salubres idóneas: agua apropiada para el consumo humano, disponibilidad y seguridad de los alimentos, vivienda, educación, ciudades bien planificadas, servicios de salud, desarrollo sustentable, equidad y seguridad social.
Un enfoque constitucional que considere el derecho a vivir en un medio ambiente saludable permitiría generar regulaciones y políticas que garanticen este derecho, así como la inclusión de una adecuada planificación territorial garantizada por una Carta Magna que integre temas relativos a la participación social y comunitaria en los procesos de tomas de decisiones locales y regionales. Es fundamental que las necesidades de la sociedad en términos de sustentabilidad y justicia ambiental sean consideradas y respetadas.
Giorgio Solimano y Karla Yohannessen
Académicos de la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende G. de la Facultad de Medicina
Integrantes del Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente (PROMA)
Universidad de Chile
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