Durante la dictadura de Pinochet, se realizaron un conjunto de reformas, modeladas en el texto conocido como El Ladrillo, para instaurar a la fuerza el sistema neoliberal. Estos cambios radicales en el campo de salud, seguridad social y demás derechos sociales, serían utilizados como modelo por los organismos multilaterales que sistemáticamente presionan a los países por reformas de libre mercado. Se crearon las instituciones privadas de salud: Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), y de Seguridad Social: Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP); para recibir el aporte de las cotizaciones, promoviendo un incentivo negativo hacia los sistemas públicos.
Estas transformaciones estructurales cambiaron el rol del Estado y promovieron el sector privado. El derecho a la salud en Chile comenzó a ser concebido desde la lógica de la “elección” entre un sistema público y privado. Situación consagrada en la fraudulenta Constitución de 1980 y que ha permitido el desarrollo de un sistema basado en el lucro, de la mano de una severa disminución del presupuesto fiscal para el sistema público, que pasó de un 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para salud en el Gobierno de la Unidad Popular, a menos del 1% durante la dictadura cívico militar.
En la actualidad, persisten importantes inequidades en acceso y estado de salud entre grupos sociales de diferentes niveles de ingreso. Estas desigualdades son reforzadas tanto por el constante debilitamiento del sistema público, como por el subsidio permanente del fondo público y el fisco a los proveedores privados, a través de la Modalidad de Libre Elección (MLE) y de las prestaciones con Garantías Explícitas en Salud (GES).
Los efectos positivos de las GES (última reforma de salud en el país) han sido limitados y sus problemas, importantes: exceso de burocracia, generación de discriminación y desvío significativo de recursos públicos hacia el sistema privado. Como consecuencia, tenemos un sector público crónicamente desfinanciado, con pérdida de capacidades y un aseguramiento privado con discriminación y arbitrariedades, sin solidaridad ni eficiencia. Se suma a ello, un elevado gasto de bolsillo de las familias, equivalente a un 32% del gasto total en salud.
Así, tras más de 40 años en que la sociedad chilena ha caminado por las veredas del neoliberalismo, el abuso y la discriminación ejercida por el sistema de ISAPRE no da para más. Caracterizado por la discriminación, copagos excesivos, alzas unilaterales de los precios, entre otros problemas, no cumpliendo los preceptos de seguridad social, ya que no existe solidaridad ni equidad, y tampoco eficiencia ni sostenibilidad. El sistema ISAPRE ha estado implícitamente soportado por el sistema público que recibe a las personas desplazadas en el momento que más lo requieren, ya que deben dejar el seguro privado cuando adquieren una enfermedad crónica o envejecen.
La falta de transparencia es otro aspecto importante; el proceso de selección de riesgos provoca que existan varios miles de planes en diversas modalidades de acceso y cobertura financiera que impiden cualquier decisión informada de las personas. Constituyendo una industria caracterizada por un mercado con integración vertical, donde el principio de libertad de elección sobre el cual descansa, no se cumple, porque al menos el 40% de los afiliados están cautivos.
Producto del abuso de las ISAPRE hacia sus propios/as “beneficiarios/as”, es que el año 2010, el Tribunal Constitucional falló en contra de la histórica discriminación. Tras ello, se convocaron tres Comisiones presidenciales para abordar el problema sin que se produzca hasta el día de hoy, un acuerdo parlamentario que termine con esta injusticia. Por lo que nos encontramos nuevamente en un problema relevado por el poder judicial y que requiere una solución que apunté a resolver la raíz del conflicto.
Ante esto, se ha venido gestando una propuesta que permita que, en el momento que alguna ISAPRE declare su insolvencia, como consecuencia de cobros excesivos y mala gestión, las personas puedan incorporarse a FONASA. De esta manera, con los recursos que provienen del trabajo de las personas, se pueda generar un uso más eficiente, a través de la red pública de salud, como de convenios a gran escala con prestadores privados.
Esta etapa de transición, que tiene su origen en la mala gestión del sistema privado, asociado a las políticas públicas cómplices del debilitamiento del sistema público, debiera dar paso a la posterior construcción de un Sistema Universal de Salud (SUS) o Servicio Nacional de Salud (SNS), bajo los principios de universalidad, solidaridad, equidad, integralidad, gratuidad y ausencia de lucro.
El derecho a la salud debe ser consagrado en la Constitución de manera pública, gratuita y de calidad para todos/as. Concebir la salud como un derecho implica que el Estado garantice a toda la población el mayor grado de bienestar en salud, y que este no se encuentre segregado por capacidad de pago y riesgo de enfermar.
Camilo Bass, Médico de Familia y Comunidad, especialista en Salud Pública. Académico del Programa de Salud y Comunidad (Escuela de Salud Pública - Universidad de Chile). Coordinador del Departamento de Salud Pública y Medicina Social (Universidad del Alba).
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