Desde hace largo tiempo que nuestro sistema de salud vive una crisis crónica. El temor atávico de enfermarse y terminar pagando una cuenta millonaria, las largas listas de espera o la letra chica de los seguros se han convertido en pan de cada día y reflejan un abuso sistemático a los usuarios.
Como la política ha sido incapaz de hacerse cargo del problema– con el millonario lobby de las Isapre como telón de fondo– las personas han tenido que actuar por cuenta propia. Primero unos pocos, y luego cientos de miles recurrieron al Poder Judicial, obligando al Tribunal Constitucional y la Corte Suprema (CS) a pronunciarse. La respuesta fue simple: al recibir cotizaciones obligatorias, las Isapre deben regirse por las normas de la seguridad social. No pueden discriminar por sexo, edad o condición de salud. Tampoco pueden alzar precios como se les dé la gana.
El reciente fallo de la Corte Suprema ha llevado la crisis a su fase terminal. Las Isapre adeudan casi 1.400 millones de dólares a sus afiliados por prácticas abusivas y evitar bajar los costos de los planes a quienes históricamente han estado cobrando en exceso, mayoritariamente mujeres. Como era de esperar, ahora pretenden borrar la deuda por secretaría, con el respaldo de ciertos sectores de la derecha, bajo la excusa de evitar el colapso del sistema.
Pero ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? Justamente, las Isapre tienen un modelo de negocio agotado, basado en prácticas abusivas y sin ninguna forma de contención de costos. Los incentivos han estado siempre en que el cielo es el límite del gasto, ganando doblemente con las alzas de los costos de los planes y con las millonarias utilidades en las clínicas del mismo holding. En definitiva, se trata de cajas pagadoras ineficientes, con altos gastos de transacción (más de 10% de gastos de administración; el Fonasa gasta <1% en ello).
Por eso, el Gobierno y el Congreso tienen la responsabilidad de resolver el problema de fondo y la oportunidad de responder a uno de los grandes anhelos de las personas en nuestro país: acceder a una atención de calidad, oportuna, sin discriminación, sin temor a endeudarse y que considere las preferencias de las personas al atenderse. Todo lo cual puede lograrse sin las Isapre. A fin de cuentas, los problemas de salud los resuelven los equipos en consultorios, hospitales, centros médicos y clínicas, no ellas.
En vez de salvar el negocio de las Isapre, hoy tenemos la oportunidad de garantizar un acceso efectivo de todas las personas a la salud. Para ello, fortalecer la red de establecimientos públicos de Salud y utilizar toda la capacidad del sector privado para resolver los urgentes problemas de salud de las personas es central. Esto puede lograrse con un ambicioso plan de resolución de listas de espera, puesta en marcha de hospitales, la incorporación de clínicas y prestadores privados. Una gran inversión pública para reducir las listas de espera usando los prestadores privados permite asegurar su viabilidad, incluso en un escenario catastrófico de quiebras masivas de Isapre, al mismo tiempo que resuelve problemas concretos de las personas. Avanzar en un Fonasa fortalecido con una nueva Modalidad de Cobertura Complementaria que disminuye los copagos en clínicas y centro médicos privados es también una buena idea. El Fonasa, del mismo modo, requiere dar garantías de continuidad de cuidados a todas las personas que hoy están en tratamiento en una clínica, cubiertos por una Isapre, en caso que esta última entre en insolvencia. Todas estas acciones son factibles y permiten dar solución a la crisis poniendo a las personas en el centro.
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