Convocada por la Consejera Regional de la Provincia de Curicó, Giovanna Paredes, junto al Dr. Boris Lucero e investigadores de la Universidad Católica del Maule, la experta, María Teresa Muñoz, presentó diversos estudios locales en los que se evidencia el peligro que representa la manipulación de ciertos pesticidas para las comunidades y el medio ambiente.
En su ponencia, la salubrista compartió antecedentes de estudios que indican, por ejemplo, que cada año, cerca del 44% de los agricultores en el mundo, se intoxican accidentalmente por aplicación de plaguicidas. En Chile se venden y utilizan, al menos cinco de estas sustancias dañinas para la salud y, a pesar de que existe una normativa que regula la aplicación terrestre de estos productos, las restricciones de venta y uso son mínimas respecto a los efectos que causa la contaminación que provocan.
En este sentido, la experta destaca la necesidad de legislar para restringir o prohibir la manipulación de insecticidas peligrosos, así como también, que se pueda mejorar la normativa existente, específicamente, los límites de tolerancia máximos de residuos de plaguicidas en alimentos.
La afectación humana se da por la exposición a vegetales y aire contaminados, lo que impacta al sistema nervioso y músculos. Esto puede provocar síntomas inmediatos de intoxicación, como; debilidad, mareos, fatiga, dolor muscular, vómitos, diarrea y dolor de cabeza, como también, ocasionar efectos a largo plazo en el desarrollo cognitivo y la reproducción.
Aquí, la académica menciona que es importante avanzar en la comunicación de riesgo sobre el uso de plaguicidas domésticos y que hace falta fortalecer los estándares de evaluación, en torno a los límites permitidos en biomarcadores que evalúan la actividad de ciertas sustancias en la población. Para esto, debe "mejorar la fiscalización y monitoreo, para evaluar la presencia de plaguicidas que ya están prohibidos en Chile y que, en nuestras investigaciones, encontramos que aún se aplican en predios agrícolas de, entre otras regiones, la de Coquimbo y el Maule", precisó.
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Otro punto fundamental es que, aún cuando se ha prohibido la comercialización y aplicación de algunos productos anti plagas, hay personas altamente capacitadas que continúan utilizándolos. Además, la evidencia expone que varias sustancias permitidas representan, igualmente, un riesgo sanitario, para lo cual, a juicio de la profesora María Teresa Muñoz, hay que aplicar principios precautorios.
"Promover la intervención de comunidades rurales, involucrando agencias gubernamentales y empresas agrícolas, para tomar medidas para reducir la exposición de la comunidad. Intervenciones centradas en experiencias directas de comunidades rurales, manteniendo el contenido científico y basado en el conocimiento y la cultura local, y que contribuyan significativamente a la búsqueda de soluciones y acciones de la comunidad frente a los problemas ambientales", concluyó en su presentación.
