En el Día Mundial de la Salud (7 de abril), bajo el lema “Mi Salud, Mi Derecho”, la OPS nos recuerda que muchas personas en el mundo tienen vulnerado este derecho. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental que debe ser protegido y promovido para todos y todas, en todo momento y lugar.
Hablar de salud es hablar de acceso a servicios de salud, pero también a educación e información, agua potable, aire limpio, buena alimentación y nutrición, salud mental, vivienda de calidad, condiciones ambientales saludables, trabajo decente y vivir sin discriminación, entre otros.
En Chile, la Constitución vigente de 1980 indica en su Artículo 9° “El derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado.”
La pregunta que surge es si es este el derecho a la salud al que aspiramos. También podemos preguntarnos si es verdad que todos y todas tenemos el “derecho a elegir” al que alude nuestra Constitución.
En diversas encuestas en nuestro país, aparece la salud como una de las principales demandas ciudadanas. Salud además es una de las áreas donde más se nota y duele la desigualdad, con un sistema privado que solo el 20% de la población puede pagar, en el que no parecen haber problemas, y uno público para el 80% restante, con aún déficits de infraestructura, recursos humanos y oportunidad de atención.
Conocidas son las grandes e injustas desigualdades – inequidades – en salud en Chile. Diversos estudios de morbilidad, mortalidad y calidad de vida en nuestro país revelan cómo empeoran estos indicadores en las personas (especialmente en mujeres) y comunidades de menor nivel educacional y socioeconómico.
Sin duda, esto tiene relación con, no solo al acceso oportuno y de calidad a la atención de salud, sino a los entornos donde se desarrolla la vida de estas personas y comunidades, y a sus determinantes sociales, culturales y económicos.
El proceso constituyente fracasado planteaba el derecho a la salud en su amplio concepto y lo ponía en un alto estándar de seguridad social, separando el riesgo de salud de la capacidad de las personas para contribuir al financiamiento del sistema. Pero además proponía la creación de un Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado. Durante la pandemia el sistema de salud se vio tensionado, y se decidió integrar lo público y lo privado, bajo la conducción de la autoridad sanitaria nacional, demostrando que es posible una organización de este tipo.
Un principio básico de la seguridad social es que aplique el principio de solidaridad, el cual implica que todas las personas aportan para que toda la población pueda acceder a las mismas prestaciones de salud sin importar su condición, en el que los que tienen más aportan más, los más sanos aportan más y los más jóvenes aportan más. Entendiendo que es posible que en cualquier momento todos y todas podamos estar en alguna de esas condiciones de mayor o menor aporte como parte del curso de vida natural.
Reconociendo los avances en derechos en salud en Chile, y volviendo a nuestra pregunta inicial, la salud pensada como un derecho fundamental, en su amplio concepto (más allá del acceso), no debiese ser un privilegio reservado para unos pocos, aún quedan desafíos.
