Los resultados 2023, recientemente divulgados, del Mapa Nutricional que año a año elabora Junaeb, muestran que un 26,7% de los niños, niñas y adolescentes (NNA) evaluados tiene sobrepeso, y 23,3% obesidad y, entre estos, 6% obesidad severa. Estos resultados continúan la tendencia a la baja del año 2022: 2,2% menos en total, pero destacándose una mayor reducción en los estudiantes de 1° básico y 5° básico, de un 4,3%.
Aunque aún no es tiempo de celebrar, puesto que las cifras son bastante altas, es de pensar que las políticas públicas de los últimos 10 años están empezando a dar resultados. Sin duda, hay en estos datos resultados de la Ley 20.606, que estableció límites para calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio, con un nuevo etiquetado de advertencia “Alto en”, limitó la disponibilidad de alimentos insanos en las escuelas y la publicidad dirigida a menores de 14 años en medios masivos y envases de estos alimentos. Pero también de la última Reforma Tributaria en 2014, que aumentó los impuestos a las bebidas azucaradas. Estas medidas siguen siendo las de mayor costo-efectividad, según diversos estudios publicados en los últimos años.
Es necesario entonces continuar por la senda de políticas estructurales, como aquellas que mejoran los ambientes alimentarios en los que viven y circulan niños, niñas y adolescentes, con especial énfasis en lo que sucede al interior de los establecimientos educacionales, en la vía pública mientras transitan de un lugar a otro, al interior de los hogares y en los barrios. Esto es especialmente necesario para aquellas poblaciones sistemáticamente más vulneradas, como lo demuestra el mapa de Junaeb; escuelas de menor nivel socioeconómico son más afectadas por el flagelo de la malnutrición por exceso, que escuelas de mayor nivel socioeconómico. Mientras en la comuna de San Clemente (Maule) un 34,2% de los NNA presenta obesidad, solo un 16,2% lo hace en la comuna de Providencia (Metropolitana).
Sin embargo, el nivel socioeconómico no es el único determinante social o condición en que viven las personas y que resalta en los datos, pues las zonas más australes de nuestro país son también las más afectadas, con toda seguridad por razones que escapan a las decisiones personales y que requieren intervenciones del más alto nivel para mejorar el acceso (físico y económico) y la disponibilidad de alimentos saludables. Por ejemplo, solo el 22,9% de los niños y niñas de 1° básico tienen obesidad en la Región Metropolitana, mientras que, en el mismo grupo, pero de la Región de Aysén, alcanza el 35%, y 30,8% en Magallanes.
El Programa “Demos la vuelta a la manzana” de Junaeb y la recientemente lanzada “Estrategia para Detener la Aceleración del Sobrepeso y Obesidad en la Niñez y Adolescencia” del Minsal, tienen también un rol relevante en la mantención de estos buenos resultados en los próximos años, impulsando políticas que, por ejemplo, amplíen el ámbito de restricción de la publicidad de alimentos hasta los 18 años (como lo recomienda la OMS), implementen impuestos a los alimentos ultraprocesados, prohíban la venta de alimentos con sello alrededor de las escuelas, y que aumenten el horario y distribución geográfica de las ferias libres, entre otras. Importante también, es lo que se plantea en materia de actividad física, instalando programas que favorezcan que los niños, niñas y adolescentes sean más activos y tengan menos tiempo de uso de pantallas.
La grave situación de obesidad e inequidades que nos ponen encima de la mesa una vez más los resultados de Junaeb, conllevan un imperativo ético: los niños, niñas y adolescentes no pueden esperar. Como Grupo Trandisciplinario para la Obesidad de Poblaciones (GTOP-UChile), creemos que como país vamos por buen camino, pero aún queda mucho por hacer, no nos debemos confiar, aún no hemos vencido este grave problema de salud pública.
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