Al momento de aplazar el incremento de los costos de la luz, el Parlamento y el Gobierno de la época -moros y cristianos-, aprobaron un crédito para cada ciudadano en atención al congelamiento de los precios, al aplazamiento de los pagos y a los intereses implícitos en esa maniobra. Tal asunto volvió a ocurrir cuando se decidió ir por más plazos. Es decir, sepámoslo bien ahora, el asunto nunca fue gratis.
No es el caso hacerse preguntas acerca de tales costos financieros -no solo el problema entonces es el precio de la luz, sino también es el precio del dinero el que ha estado en juego- pero sí acerca de la legitimidad de hacer estos ajustes que han tenido legisladores y gobernantes, que pusieron con cargo a nuestro miserable patrimonio una deuda por la que nunca se nos preguntó o de la que nunca se nos advirtió.
Francamente, octubrismo de por medio, estamos en un mundo fuera de borda, un mundo insensato, absurdo y ratos completamente carente de sentido, donde el populismo lleva a montar soluciones que no habríamos podido imaginar siquiera sentados en la butaca de la sala de descanso, leyendo la prensa del día, con la luz prendida. Este es el caso de la clase media acomodada, pero piense usted en la población más vulnerable, los que menos tienen, donde las salas de reposo y las butacas de descanso se desvanecen, no existen y donde los costos de la luz, ahora aplazados y deuda mediante, empezarán a golpear muy fuertemente en los bolsillos de la gente.
Pero todo aquello nos pareció bien en su momento, como los retiros de las AFP. Nadie dijo ni pío y salimos a comprar nuevas pantallas con las cuentas de la luz congeladas y cash en el bolsillo. Mis hijos lo hicieron, ante la perplejidad paterna. Y ahora se nos vino esta nueva etapa de consternación y problema, en pleno período electoral. Suben finalmente los precios de la luz, intereses incluidos. Contémosle de este asunto a los políticos a ver qué nos dicen. Llamémosles a la sensatez, por lo pronto. En estricto rigor, pidámosles que paguen los costos financieros del atraso, que no son nuestros.
Desgraciadamente, cálculos actuariales optimistas hechos en borrador, nos indican que los parlamentarios y agentes de gobierno responsables de esta situación no alcanzarían a pagar los intereses de la deuda haciendo uso de sus propios recursos durante su vida económicamente útil. Ergo, ha de pagar Moya.
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