La reciente aprobación de una indicación al artículo 15 de la ley N° 21.325 de Migración y Extranjería por parte de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados ha encendido una alarma que no podemos ignorar. Esta modificación, que afecta directamente el derecho de acceso a la salud de las personas migrantes, especialmente a aquellas en situación irregular, nos sitúa en una encrucijada donde los derechos humanos y el acceso a la salud se ven peligrosamente comprometidos.
La indicación obliga a los establecimientos de salud a exigir el "enrolamiento" en el Registro Civil de las personas migrantes en situación irregular como un requisito para obtener atención médica. Detrás de esta medida se esconde un objetivo que va más allá del registro de datos: Las autoridades quieren tener acceso a la información biométrica de quienes buscan atención sanitaria. Si bien la recopilación de datos puede ser relevante en el ámbito migratorio, forzar a las personas a elegir entre su salud y el riesgo de ser detenidas o deportadas es un precio demasiado alto que no deberíamos estar dispuestos a pagar como sociedad.
Esta medida crea una peligrosa relación entre los servicios de salud y las fuerzas del orden, un vínculo que choca frontalmente con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y los tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha ratificado. El acceso a la salud no debe ser condicionado por el estatus migratorio de una persona. La salud es un derecho fundamental y debe ser defendido como tal, no como una herramienta para ejercer control migratorio.
Desde una perspectiva sanitaria, las consecuencias de esta modificación pueden ser devastadoras, tanto para las personas migrantes como para la salud pública en su conjunto. Si las personas en situación irregular temen acudir a los servicios de salud, estamos promoviendo un entorno donde las enfermedades no se tratan a tiempo, donde niños y niñas no accedan a controles de salud, ni vacunación, ni acceden a la alimentación complementaria estatal, y donde mujeres gestantes no reciben la atención necesaria y oportuna. Los avances en salud pública perinatal e infantil que se han logrado durante décadas, así como tantos otros, podrían verse erosionados por esta política.
El costo social y económico de esta medida es incalculable. Al impedir o dificultar el acceso a la salud, estamos empujando a la postergación de atenciones que, inevitablemente, terminarán siendo más complejas y costosas e igualmente una carga social, sanitaria y económica para el país. La falta de atención temprana aumenta el riesgo de complicaciones médicas, eleva los costos de tratamiento y perjudica el bienestar general, impactando también el ámbito laboral y social.
El Ministerio de Salud y los actores relevantes tienen una responsabilidad clara en este escenario: Deben defender el derecho a la salud de todas las personas, sin importar su estatus migratorio. Hacemos un llamado urgente a que las autoridades se pronuncien en contra de esta modificación y trabajen para garantizar que los derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud, sean respetados y garantizados, sin discriminación alguna como indica el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que Chile suscribe.
La salud es un pilar fundamental de cualquier sociedad, y el bienestar de todas las personas que viven en Chile es prioritario. No podemos permitir que la salud se convierta en una moneda de cambio con el control migratorio.
