Con la premisa de que la salud mental es un derecho humano fundamental, el lunes 16 de diciembre se llevó a cabo el seminario titulado "Derechos Humanos y Salud Mental: Análisis del Proyecto de Ley Integral de Salud Mental” organizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile junto con su Programa de Salud Mental, el Magíster en Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, el evento se enmarcó en el futuro de la salud mental en el país.
La actividad, que contó con la participación de legisladores, académicos, representantes del Ministerio de Salud y de la sociedad civil, buscó generar propuestas concretas para el fortalecimiento del proyecto de ley en trámite. El evento tuvo como eje central la construcción de un sistema de salud mental inclusivo y sostenible, que promueva la desinstitucionalización, garantice el respeto a la dignidad y fomente la participación ciudadana en la toma de decisiones.
"Nos hemos reunido para reflexionar en profundidad en torno al proyecto de ley integral de Salud Mental que se encuentra actualmente en tramitación en el Senado y analizarlo desde una perspectiva integral, incorporando como eje central los derechos humanos. Esta iniciativa legal tiene como objetivo garantizar el acceso a la salud mental como un derecho humano fundamental, promoviendo la dignidad y el bienestar de todas las personas", declaró Esteban Encina, jefe del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública, durante la apertura del seminario. También destacó la importancia de generar un espacio de diálogo para abordar los diferentes criterios y enfoques que deben integrarse en la ley.
En su bienvenida, Pietro Sferrazza, representante del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, enfatizó: “Revisando el proyecto de ley, creo y considero que puede ser una oportunidad de avance significativo en la materia. Pero también parece ser un proyecto con un carácter relativamente programático, que va a necesitar muchos esfuerzos para su implementación. Como Centro de Derechos Humanos, para nosotros y nosotras es muy satisfactorio haber iniciado este trabajo colaborativo con la Escuela de Salud Pública”.
El seminario se estructuró en dos grandes bloques. En el primero, dedicado al análisis del proyecto de Ley Integral de Salud Mental, en el que se presentaron exposiciones de expertos desde distintas perspectivas, estuvo moderado por Leonor Cifuentes, abogada y consultora externa, quien presentó a Felipe Abbott, del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, quien desglosó los aspectos legales del proyecto, subrayando su potencial para alinear la legislación nacional con los estándares internacionales.
Por su parte, Francisco Muñoz, del Consejo Asesor de Salud Mental del Ministerio de Salud, compartió la visión de las personas con experiencia propia en salud mental, enfatizando la urgencia de avanzar hacia modelos de atención centrados en la comunidad.
Anamaría Arriagada, Presidenta del Colegio Médico de Chile, enfatizó la necesidad de una atención en salud mental que priorice el bienestar de los pacientes y respete sus derechos. Destacó la importancia de integrar la salud mental en el sistema de salud general, promoviendo un enfoque preventivo y comunitario. Por su parte, Javiera Erazo, jefa del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, destacó los desafíos operativos y presupuestarios que implicará la implementación de esta ley.
La sesión concluyó con una reflexión sobre la necesidad de transformar el sistema actual, priorizando la inclusión y el acceso equitativo a servicios de calidad.
Un enfoque participativo y multidisciplinario
El segundo bloque se inició con el saludo de la doctora Lorena Rodríguez, directora de la Escuela de Salud Pública, quien subrayando la importancia de este proyecto: “Agradecemos mucho tener la oportunidad de esta discusión con personas que están trabajando en estos temas desde distintos ámbitos. Este proyecto representa una oportunidad histórica para transformar la atención de salud mental en Chile y proteger los derechos humanos, con una perspectiva de inclusión, no discriminación, acceso a servicios de salud, y respeto a la dignidad y autonomía de las personas con problemas de salud mental”.
La actividad continuó con una mesa de debate moderada por Rafael Sepúlveda, académico de la Escuela de Salud Pública, donde se analizaron temas clave como el financiamiento, la participación ciudadana y la intersectorialidad. El senador Juan Luis Castro enfatizó en el seminario la urgencia de avanzar en la legislación sobre salud mental en Chile, subrayando que la nueva ley debe ser un reflejo de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Destacó la importancia de la desinstitucionalización y la creación de redes de apoyo comunitario, así como la necesidad de asegurar recursos adecuados para implementar estas políticas.
En esta instancia, la psiquiatra Paula Bedregal destacó la importancia de incluir mecanismos de autogestión comunitaria, mientras que Flavia Gal, directora de la Fundación Círculo Polar, llamó a garantizar que las experiencias de las personas afectadas por problemas de salud mental sean reconocidas como un recurso valioso dentro del sistema de atención.
Por su parte Olga Toro, académica de la Escuela de Salud Pública y consultora internacional, la importancia de considerar la salud mental como un derecho humano fundamental, abogando por la desinstitucionalización de la atención para integrar a las personas en sus comunidades. Resaltó la necesidad de participación ciudadana en la creación de políticas, así como un enfoque intersectorial que involucre a diferentes áreas del gobierno y la sociedad civil. Además, enfatizó la relevancia de incluir la salud mental en la formación de profesionales de la salud para garantizar una atención digna y adecuada.
El cierre estuvo a cargo de Rafael Sepúlveda quien relevó la importancia de consolidar un enfoque integral en la salud mental, enfatizando que la nueva legislación debe ir acompañada de un compromiso real por parte del Estado para garantizar su implementación efectiva. Subrayó la necesidad de recursos adecuados y capacitación para los profesionales de la salud, así como la importancia de la colaboración entre distintas instituciones y la comunidad. Además, instó a todos los actores involucrados a trabajar de manera conjunta para asegurar que se respeten los derechos de las personas con problemas de salud mental y se promueva su inclusión en la sociedad.
Las reflexiones y propuestas surgidas del seminario destacaron la necesidad de un enfoque integral para abordar los desafíos que enfrenta la salud mental en Chile. La participación activa de la sociedad civil y el trabajo colaborativo entre los sectores de salud, justicia y educación fueron identificados como pilares fundamentales para garantizar el éxito del proyecto de ley.
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