Hace un par de semanas se conocieron públicamente los oficios N° 76052 y N° 76054, emitidos en julio de este año. El primero, dirigido a los rectores de las Universidades de Chile y de Santiago para solicitar información sobre “Cursos, centros, programas de estudio que se refieran a estudios de género, ideología de género, diversidad sexual y feminismo”; el segundo, a los ministros de Hacienda y de Salud, en que se pide también detalle de los recursos fiscales que se entregan a las organizaciones OTD Chile (Organizando Trans Diversidades) y Transfest, ambas relacionadas con la comunidad LGBTIQ+. Respecto de esta última, no solo se requieren los datos de las terapias de reemplazo hormonal e intervenciones quirúrgicas, sino además, de quiénes son las personas destinatarias de éstas.
Dichas solicitudes fueron realizadas por los diputados Urruticoechea y Jürgensen, miembros del partido Republicano, el mismo del candidato presidencial de la ultraderecha José Antonio Kast. Cabe señalar que esta solicitud fue realizada por atribución de sus cargos como parlamentarios y que ninguno de los legisladores es miembro de alguna de las comisiones en las que se discuten temáticas de educación o salud que pudieran explicar sus intenciones fiscalizadoras.
Esta situación ha traído contundentes reacciones desde el mundo académico: las académicas de la cátedra de Amanda Labarca de la Universidad de Chile, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, la Asociación de Académicos/as de la Universidad de Chile y más de 18 universidades estatales, entre otras instituciones, se unieron y declararon públicamente su rechazo a esta solicitud.
Casi en la misma fecha fue conocida otra persecución a una académica de la Universidad de Valparaíso, Elisabeth Simbürger, quien organizó la respuesta a esta solicitud en su institución, de quien se solicitó -vía transparencia- sus evaluaciones como docente, además de información detallada sobre fechas y nombres de charlas y clases que dictó en materia de derechos humanos y de no discriminación.
La solicitud no es trivial ni azarosa. La direccionalidad de la solicitud y el lenguaje usado en su redacción parecieran orientarse a denostar el compromiso e institucionalidad de las Universidades con los derechos humanos y la comunidad educativa, así como los principios sobre los cuales se erigen las Universidades, como son un Estado laico y plural, la libertad de cátedra, la plena autonomía universitaria y la generación de conocimientos y formación que aporten a la autonomía y emancipación.
La utilización del concepto de género como “ideología de género” no es más que un intento grosero de menoscabo, que denota ignorancia sobre la historia que se ha construido desde hace ya varias décadas en nuestro país. Una historia donde la perspectiva de género y derechos ha sido y es fundamental para avanzar en equidad e inclusión de toda la ciudadanía, con particular énfasis en las mujeres y las disidencias sexo-genéricas. Desconocer esto es desconocer años de políticas públicas y del sentir de la gran mayoría de personas que habitamos este territorio, quienes, en repetidas ocasiones, nos hemos manifestado públicamente en contra de la aún indignantemente presente violencia hacia las mujeres y disidencias.
Desde el espacio que nos convoca, queremos llamar la atención en particular sobre el oficio dirigido al Ministerio de Salud, sobre el cual no se ha conocido públicamente la respuesta de las autoridades, que podría vulnerar gravemente la privacidad y confidencialidad de la atención de salud de las personas trans. Cabe recordar que en nuestro país están vigentes la ley 19.628 (de protección de datos personales y sensibles) y la ley 20.584 (de derechos y deberes de los pacientes), que protegen a todas las personas y su información de salud.
Finalmente, no podemos dejar de advertir que acciones como las señaladas resuenan hoy junto a otras amenazas de retroceso en materia de equidad de género para nuestro país, contenidas en el programa propuesto por el candidato presidencial de extrema derecha José Antonio Kast. Las dificultades para avanzar en políticas públicas para la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en toda su diversidad son reconocidas. La instalación de un Ministerio de la Mujer y equidad de género ha costado décadas, y los estudios de política pública en la región muestran que los mayores avances pueden registrarse si las entidades que se ocupan de liderar las demandas de género adquieren la máxima jerarquía dentro de la institucionalidad del Estado. Dicho candidato pretende retroceder en estos avances, quitándoles el rango ministerial, lo que implica que quien defiende los intereses de las mujeres no hará parte del gabinete ministerial, ni la entidad tendrá atribuciones en este rango, es decir, restará poder a esta institucionalidad para plantear agenda dentro del Estado.
Además, este candidato ha manifestado que pretende derogar la legislación actual en materia de aborto, ley que recién después de 27 años tras el retorno de la democracia permitió superar la criminalización total del aborto y brindar acceso a Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales. La ley IVE en 3 causales ha sido muy difícil de implementar, y sigue obligando a mujeres a recurrir en clandestinidad a abortos inseguros. Al mismo tiempo, esta legislación ha permitido, a la fecha, que 79 niñas entre los 11 y los 14 años, cuyos embarazos fueron producto de violación, pudiesen interrumpirlos, y aunque son cifras muy menores a las estimaciones de ocurrencia de estas situaciones, su acceso ha podido asistir y aminorar el impacto de la violencia de género en sus vidas.
No es trivial entonces, ni la lectura, ni las acciones, ni las consecuencias que desde una postura de extrema derecha pueden emprenderse en contra de la igualdad de género. En un nuevo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hacemos un llamado a no claudicar frente a posturas que ponen en jaque los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y los derechos de las mujeres a una vida sin violencia.
Como académicas y académicos que formamos parte de una institución laica, pluralista y que sirve al bien común, nuestro rol insoslayable es transmitir y fortalecer las capacidades críticas de nuestros/as estudiantes y colaborar en la construcción de una sociedad más justa que respete y defienda los derechos humanos, lo que incluye la justicia de género.
Mesa de Igualdad de Género y educación no sexista, Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile
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