En la semana del Día Mundial contra el Cáncer escribimos esta columna como académicas del Centro para la Prevención y el Control del Cáncer (CECAN, ANID-FONDAP), con la convicción de que el acceso equitativo y el cuidado sociosanitario deben ser una prioridad nacional en la atención del cáncer. Recientemente, publicamos el artículo titulado Sociodemographic, Political, and Policy Contexts of Cancer Care: A Comparative Analysis of Countries with the Highest Survival Rates, en el que analizamos los contextos de políticas de atención del cáncer en cinco países con las tasas de supervivencia a cinco años más altas según The Global Cancer Observatory (GLOBOCAN): Australia, Canadá, Costa Rica, Bélgica y Japón.
Nuestro análisis comparativo revela patrones clave en estos países, que comparten instituciones democráticas sólidas, una regulación estatal efectiva en la gestión del cáncer y una inversión pública significativa en salud. Además, han desarrollado estrategias basadas en un enfoque ético-político que prioriza la equidad, accesibilidad y sostenibilidad.
Estos países han consolidado sistemas de salud universales que garantizan cobertura sin generar cargas económicas excesivas para los pacientes y sus familias. Aunque enfrentan desafíos, como la dispersión geográfica de la población o las inequidades que afectan a sus pueblos originarios, han logrado establecer modelos de atención que aseguran un acceso equitativo y territorialmente equilibrado a los tratamientos oncológicos.
Uno de los hallazgos más relevantes de nuestro estudio es que todos estos países cuentan con un Registro Nacional del Cáncer, un elemento clave en su éxito en el abordaje de esta enfermedad. En contraste, Chile enfrenta un panorama crítico: el cáncer es la principal causa de muerte desde 2019, y, sin embargo, carece de un sistema de registro integral que permita dimensionar con precisión el problema y abordarlo de manera efectiva.
En todos los países analizados la implementación de este registro ha sido el resultado de una decisión política firme y sostenida. Más que solo una herramienta para recopilar datos clínicos ha permitido un seguimiento integral de las personas con cáncer, coordinando el primer nivel de atención médica con los beneficios sociales, lo que ha facilitado la conexión con otros ministerios, como Vivienda, Educación y Desarrollo Social.
No se trata solo de enfrentar la enfermedad, sino de garantizar que todos los servicios del Estado están a disposición de quienes la padecen. Un registro de este tipo permite que el sistema de salud dialogue con el resto de las instituciones públicas, asegurando que una persona con cáncer no pierda su acceso a vivienda, educación o empleo, sino que, por el contrario, reciba apoyo biopsicosocial integral.
Contar con un Registro Nacional del Cáncer permitiría mejorar todos los aspectos en el abordaje de esta enfermedad: prevención, detección, diagnóstico, seguimiento y tratamiento. La experiencia internacional ha demostrado que una estrategia de prevención eficaz evita la aparición de muchos cánceres; mientras que una detección precoz facilita el tratamiento, reduce costos, mejora la calidad de vida de los pacientes y, en gran medida, su pronóstico (supervivencia y curación).
Además, este registro no solo serviría para monitorear la incidencia y el tratamiento del cáncer sino también para hacer un seguimiento de la supervivencia. Debemos saber qué ocurre con las personas después de los cinco años de sobrevivencia. ¿Tienen acceso a los programas de promoción de salud en su atención primaria? ¿Pueden participar en actividades deportivas promovidas por organizaciones locales? ¿Existen políticas de reinserción laboral para quienes han atravesado tratamientos agresivos?
Es hora de que el cáncer sea una prioridad nacional, con herramientas que garanticen un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno para todas las personas.
